Investigadores de la Universidad de Almería, dirigidos por el profesor José Jesús Casas Jiménez, son los encargados del subproyecto Evaluación de impactos en el funcionamiento de sistemas fluviales: Sierra Nevada. Esta investigación, encuadrada en un pionero estudio nacional, se orienta a la definición de unos índices funcionales que constituyan importantes sistemas de alerta sobre la integridad de los ecosistemas hídricos y de su grado de alteración frente a diversos impactos.
El agua, a día de hoy, no se considera un simple recurso sino que, además, se trata de un bien preciado que genera multitud de ecosistemas -ríos, charcas, humedales, lagos, etc.- y sustenta una importante biodiversidad de necesaria conservación para su equilibrio. Esta consideración se incluye en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que para el año 2015 exige a sus estados miembros que todos los ecosistemas acuáticos, tanto continentales como marinos, sean evaluados desde el punto de vista ecológico con el fin de determinar su estado de conservación.
En esta línea, en la Unión Europea se han realizado numerosos trabajos para poner a punto diferentes índices de calidad. El problema es que éstos tan sólo atienden a aspectos estructurales del ecosistema, tales como la riqueza de taxones o a la biodiversidad existente, dejando de un lado la vertiente funcional. Para paliar dicha deficiencia, un grupo de investigadores de la Universidad de Almería se encuentra inmerso en la definición de unos índices basados en la funcionalidad de los sistemas, es decir, en los procesos de transferencia de energía y materia orgánica que se produce a lo largo de la cadena alimenticia de los ecosistemas fluviales.
Los científicos almerienses, dirigidos por el profesor José Jesús Casas Jiménez, son los encargados del subproyecto “Evaluación de impactos en el funcionamiento de sistemas fluviales: Sierra Nevada”, que se encuadra en un estudio nacional y en el que participan cuatro grupos ubicados en diferentes áreas geográficas y climáticas de la Península Ibérica: Sierra Nevada, la Sierra de Guadarrama, la Cordillera Costero-Catalana y la Cordillera Cantábrica.
El objetivo general de este estudio, coordinado a nivel nacional por Jesús Pozo Martínez, catedrático de ecología de la Universidad del País Vasco, consiste en contrastar hasta qué punto son fiables en los ríos ibéricos una serie de índices funcionales definidos a nivel europeo, ya que debido a la alta heterogeneidad geográfica, geológica, climática y vegetal de la Península Ibérica, sus ríos también presentan un funcionamiento muy heterogéneo. Para lograr este fin, los expertos están analizando, en diferentes escenarios, el proceso de descomposición de la hojarasca procedente de la vegetación de ribera que llega a las aguas.
La hojarasca como indicador
En esta línea, los expertos almerienses han comprarado en la primera etapa del proyecto el proceso de descomposición de la materia orgánica en los cursos altos del río con el producido aguas abajo. Según explica José Jesús Casas, responsable del estudio realizado en la UAL, “la hipótesis de partida sugiere que en los tramos medios y bajos existe una gran perturbación de los ecosistemas debido a los vertidos de aguas residuales y de la contaminación difusa de la agricultura, por lo que las tasas de descomposición de la hojarasca y de la materia orgánica podrían acelerarse”.
De tal forma, comparando las tasas obtenidas en diferentes puntos del río hasta llegar a su desembocadura con las determinadas en los tramos no impactados, como es el caso de la cabecera de los ríos, los científicos procuran definir una ratio que indique el grado de alteración de las aguas a lo largo del cauce. A partir de esta relación se pretende, por tanto, definir unos indicadores funcionales del estado ecológico de los ríos que resulten eficientes, económicos y de fácil manejo para su posterior aplicación en programas de evaluación y seguimiento del grado de alteración de los mismos.
La elección del proceso de descomposición de hojarasca responde a que, en la cabecera de los ríos, ésta es la principal fuente de materia orgánica que sustenta toda la cadena alimenticia fluvial, desde los microorganismos hasta los peces, pasando por los invertebrados. Además, el conjunto de árboles de las riveras limita la entrada de luz al río y por tanto el crecimiento de algas, lo que acentúa la importancia de estos aportes de hojarasca como fuente de alimentación.
Otro de los factores limitantes en los tramos altos de los ríos, de forma natural para este proceso, es la escasa presencia de fósforo. Este elemento, que acelera la actividad descomponedora, es vertido masivamente a las aguas fluviales según éstas se aproximan a los núcleos poblacionales o a las áreas de cultivo, por lo que se considera que podrá contribuir de forma importante a la definición de un indicador del grado de alteración de las aguas analizadas.
Alteraciones del régimen de caudal
En segundo lugar, el equipo almeriense pretende estudiar cómo el proceso de descomposición de materia orgánica es afectado por otro tipo de alteraciones como la regulación del caudal, y en concreto, las provocadas por los embalses o detracciones de agua para abastecimiento urbano o agrícola. En el caso concreto de este estudio, el área de trabajo, focalizada en Sierra Nevada, presenta principalmente esta alteración por derivaciones de agua mediante acequias.“Nuestra hipótesis de partida supone que la disminución del caudal podría determinar una menor oxigenación del agua, que podría ralentizar la colonización por hongos, por lo que los procesos de descomposición y el proceso de consumo por parte de los invertebrados se ralentizarían. También es posible que con la reducción del caudal se produzcan cambios en el régimen térmico del río y en la sedimentación de partículas finas, haciendo que algunas especies de macroinvertebrados que se alimentan de la hojarasca desaparezcan, lo cual afectaría de igual forma al proceso”, asegura Casas Jiménez.
Actualmente, los expertos se encuentran en el inicio de esta segunda etapa cuyos trabajos de campo y laboratorio serán concluidos a finales del año 2010. El objetivo último consiste en el desarrollo de unos índices que puedan ser aplicados por los gestores y organismos que se encargan de la evaluación ecológica de los ríos, en el marco de la Directiva Marco del Agua. Para ello, los expertos cuentan con una financiación de 68.000 euros por parte del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia.
