La Región de Murcia y Andalucía hacen frente común para exigir financiación al Ministerio para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) debido a su “enorme impacto económico”. Ambas comunidades fueron los principales referentes autonómicos a la hora de solicitar a la ministra Diana Morant una “mayor implicación” para desarrollar la Ley.
Así lo manifestaron el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, tras la reunión mantenida hoy en Córdoba para
abordar el desarrollo de la LOSU.
“Es necesario que el Ministerio se implique en la financiación y que retrase la aplicación de la LOSU, más aun teniendo en cuenta que las universidades ya habían aprobado sus presupuestos para 2024 y la Ley podría provocar el efecto contrario al que pretende, fortalecer el sistema universitario”, dijo Juan María Vázquez.
En esta toma de contacto también analizaron el impacto económico de la aplicación de la LOSU y exigieron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, una vez más, la financiación necesaria para la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
“Esto se debe a que en el curso académico 2024-2025 serán efectivas dichas medidas, que suponen un incremento del gasto anual próximo a 900 millones de euros con un objetivo de inversión para el 2030 de unos 3.000 millones para el conjunto de las universidades españolas”, explicó el consejero Vázquez.
Vázquez y Gómez Villamandos destacaron la necesidad de trabajar de forma conjunta “para garantizar una aplicación eficaz de la LOSU que responda a las necesidades específicas de cada Región”. En este sentido, se comprometieron a compartir experiencias y buenas prácticas, así como a colaborar en la elaboración de la normativa que desarrolle la ley a nivel autonómico.
El pasado mes de enero, con motivo de Conferencia General de Política Universitaria celebrada con todas las autonomías, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se comprometió a modificar la nueva ley, asumiendo así las reivindicaciones del Gobierno de la Región de Murcia, coincidentes con las del Gobierno andaluz. Las comunidades trasladaron a dicho Ministerio su preocupación en la aplicación de la Ley y exigieron cofinanciar y flexibilizar el calendario para su implantación.
Asimismo, han desaprobado el sistema de elección de comunidades autónomas del grupo de trabajo que el propio Ministerio ha establecido en contra de la opinión que trasladaron las comunidades durante la última reunión del Consejo General de Política Universitaria.
Futura ley regional de universidades
Los consejeros también abordaron el desarrollo de sus respectivas leyes regionales de universidades, en las que ambas comunidades se encuentran en pleno proceso de elaboración y que tienen como objetivo “adaptar el sistema universitario a las nuevas necesidades del mercado laboral y a los retos del siglo XXI”, manifestaron.
Por último, se han puesto en común los procedimientos, contenidos necesarios y participación que están siguiendo en la elaboración de sus respectivas leyes, al ser las comunidades autónomas que más están avanzando en la reforma de sus textos legislativos.
