El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, han alertado de que el futuro Estatuto del Becario pone en peligro la continuidad de las prácticas externas extracurriculares que realizan al año unos 9.000 estudiantes de las universidades públicas andaluzas en empresas.
Durante la reunión mantenida hoy, ambos se han comprometido a analizar esta situación para evitar que la nueva normativa planteada por el Ministerio de Trabajo impida continuar con el actual modelo, al tiempo que han confiado en que se produzca “una negociación real y seria del documento”. Además de este asunto, también han abordado la implantación de la formación dual en grados y másteres y el fomento del mecenazgo para potenciar la cooperación entre instituciones académicas y empresas.
Gómez Villamandos ha criticado que la exigencia de cotizar a la Seguridad Social por el estudiante que se encuentra en prácticas extracurriculares “hará que las empresas se desvinculen de este tipo de formación, al tener que asumir una nueva exigencia organizativa y económica”, que se sumaría a la remuneración que ya abonan a estos jóvenes, de acuerdo con la legislación vigente, por el periodo en el que realizan dichas prácticas.
En ese contexto, ha recordado que 11.027 alumnos universitarios realizan al año cualificación práctica en entidades públicas y privadas, de los que unos 9.000 la desarrollan específicamente en empresas. En ambos casos, ha aclarado que “este tipo de enseñanza da a los jóvenes la oportunidad de tomar contacto con la realidad laboral desde sus años de estudio y de acceder más fácilmente a un primer puesto de trabajo”. De igual modo, ha señalado que también aporta beneficios al tejido empresarial, ya que “le brinda la posibilidad de contar con personal cualificado en aquellos sectores que lo necesiten y poder comprobar su grado de adaptación y especialización a la demanda de las empresas”. A su juicio, esta cualificación es “fundamental” para complementar la formación integral de los alumnos en un entorno profesional.
De igual modo, el consejero de Universidad también ha subrayado que las prácticas externas tienen un carácter formativo y no implican, en ningún caso, una relación laboral”, por tanto, según ha aclarado, “no tienen sentido las limitaciones que plantea el Ministerio de Trabajo”. “Constituyen una oportunidad para desarrollar habilidades y no una vía de explotación laboral”, ha afirmado para añadir que “las empresas son un importante aliado en este tipo de formación”.
La empresa, pieza clave en las titulaciones duales
Asimismo, Gómez Villamandos ha analizado con González de Lara las principales novedades que contempla el futuro Decreto de Ordenación de Enseñanzas Universitarias, que la Junta prevé aprobar en la primavera de 2023.
Entre las líneas a desarrollar por este texto legal, destaca la incorporación de titulaciones duales en grados y másteres universitarios, una figura que combina la enseñanza en campus y en empresas ya que se aplicará por primera vez en Andalucía. Para la puesta en marcha de la norma, el titular de Universidad ha señalado que se seguirán criterios consensuados, fruto del diálogo y del debate con las universidades y de la colaboración con el tejido empresarial. “La Junta irá de la mano de las empresas en la implantación de la formación dual para mejorar la competitividad del alumnado andaluz y lograr una mayor eficacia y eficiencia en el resultado de este tipo de enseñanza”, ha apostillado.
Por otro lado, Gómez Villamandos ha trasladado al presidente de la CEA la necesidad de reforzar la cooperación entre el sistema público universitario y empresa en Andalucía para alinear sus intereses y necesidades, “con el fin último de lograr una mayor transferencia de conocimiento y de tecnologías a favor de la competitividad de la actividad económica y del tejido productivo”, ha afirmado.
Con el fin de avanzar en ese objetivo, ha apuntado, entre otras líneas de colaboración, al mecenazgo en la I+D que se desarrolla en el ámbito universitario. La reforma de la Ley Andaluza de Universidades que se proyecta para esta legislatura contempla facilitar esta fórmula, posibilitando así la participación privada en el impulso de avances y proyectos científicos que se llevan a cabo en los campus. “Con ello se abrirá la puerta a la financiación procedente de la iniciativa privada y la empresa, que puede llegar a convirtiéndose en un complemento a la inversión del sector público”, ha incidido.
