La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha comenzado a tramitar el anteproyecto de Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) sometiendo su contenido a exposición pública, según se recoge en el BOJA. Este texto legal tendrá como principales objetivos proteger el sistema público universitario, incrementar los derechos del estudiantado, potenciar la internacionalización o estabilizar la carrera académica. De igual modo, pretende favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.
De acuerdo con el BOJA, el documento estará expuesto a partir del 10 de octubre durante siete días hábiles y el plazo culminará el próximo día 18 del mismo mes. En este periodo, los agentes implicados y la ciudadanía en general podrán realizar alegaciones, que serán posteriormente analizadas para incorporar aquellas que se consideren pertinentes. Una vez que concluya este trámite, la Consejería de Universidad solicitará los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación. La previsión de la Consejería es que la LUPA pueda entrar en vigor en 2025.
Esta futura norma, que una vez esté aprobada sustituirá al actual marco legal que data de 2013, ha sido acordada con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.
En materia de financiación, en la LUPA se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques: la básica armonizada, la afecta a resultados y la de nivelación. En el capítulo de los derechos del estudiantado, la norma reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, lo que refuerza el compromiso de Andalucía con el acceso igualitario a la educación superior.
Otra de las novedades introducidas en esta esfera y que entronca con la promoción de la internacionalización hace referencia a que, en la región, se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica. Precisamente, en este apartado de la proyección internacional, se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero, tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029.
También se fija la creación de una estrategia que atenderá no sólo a los aspectos de movilidad, sino también a otras cuestiones relacionadas con la investigación y la captación del talento, y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como pieza clave de esa línea de trabajo.
Retención de talento y estabilización de la carrera académica
En cuanto a la retención del talento y la estabilización de la carrera académica del profesorado, el anteproyecto introduce una serie de medidas, entre las que se encuentra la introducción de nuevas figuras profesionales, como es el caso del profesorado ayudante, que permite garantizar una carrera profesional digna desde el inicio. A ello se suman los perfiles de contratado doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. Estas categorías, junto a los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario.
De igual modo, se contempla la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento, mejorando así la competitividad de las universidades andaluzas, o se adscriba a cualquier otra Administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.
La norma aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria. En política de personal, el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
Al margen de esto, la Junta ha mejorado las condiciones retributivas del personal docente e investigador y del personal técnico de gestión y de administración y servicios, incluyendo por Ley el premio de jubilación o el establecimiento de los complementos autonómicos.
Condiciones para las universidades privadas
La ley universitaria incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público.
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Asimismo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.
Por otro lado, la LUPA recoge que esas entidades garanticen la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral e impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.
La futura norma legisla otros asuntos relevantes como la gobernanza, la rendición de cuentas o la transparencia.
