El Depósito Legal de Andalucía incorpora las publicaciones electrónicas y la tramitación telemática El Consejo de Gobierno aprueba un nuevo decreto regulador adaptado a los cambios tecnológicos y al surgimiento de nuevos contenidos digitales El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de la gestión del Depósito Legal en Andalucía.
La norma, que sustituye a la vigente desde 1984 para adaptarse a la legislación estatal, incorpora las publicaciones electrónicas y la tramitación telemática, crea la figura de los centros de conservación y atribuye a los editores la obligación de realizar los depósitos.
El cambio normativo viene motivado por el creciente protagonismo de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo de la edición, que ha dado lugar a nuevos contenidos digitales y a su difusión en la red. Entre los bienes que son objeto de la obligación del depósito legal figuran ahora las publicaciones electrónicas en soporte físico tangible (CD o DVD, entre otros) y los archivos electrónicos ‘online’ sin libre acceso.
También se incluyen las microformas (copias fotográficas de tamaño muy reducido y de lectura mediante aparato óptico) y los boletines oficiales no disponibles en internet. De acuerdo a la ley estatal, la norma atribuye la obligación del depósito legal al editor, y no al impresor como ocurría antes.
De esta forma, en cada provincia se deberá realizar el depósito de los materiales publicados por personas o editoriales que tengan su sede social en Andalucía, con independencia del lugar de impresión o producción.
De igual modo, cambia el número de los ejemplares que se han de entregar (en el caso de los libros, de cinco a cuatro) y se exigen dos copias nuevas (antes era una) de los documentos íntegros en versión original de toda película cinematográfica, documental o de ficción, realizada por un productor con domicilio, residencia o establecimiento permanente en Andalucía. Estos últimos además deberán adjuntar un ejemplar del material publicitario correspondiente.
El decreto también incorpora la regulación, ya recogida en una orden de 2008, de la presentación telemática de las solicitudes de depósito legal, que se gestionarán a través del portal de la Administración autonómica (http://juntadeandalucia.es) y se recibirán en el Registro telemático único de la Junta.
Por otro lado, y de acuerdo con la legislación estatal, se establece la figura de los centros de conservación. En la comunidad se considerarán como tales la Biblioteca de Andalucía; las bibliotecas públicas provinciales del Estado; la Filmoteca de Andalucía (para documentos audiovisuales de contenido fílmico) y el Centro de Documentación Musical de Andalucía (para partituras y documentos sonoros).
La Biblioteca de Andalucía será la responsable de la coordinación técnica de las oficinas de depósito legal, sobre todo en lo relacionado con el sistema automatizado de gestión electrónica y con las funciones de catalogación, clasificación, indización, registro y otras propias del tratamiento técnico de las obras.
Asimismo, velará por el cumplimiento de la norma y se encargará del asesoramiento técnico y de la resolución de consultas. Por último, el decreto regula la labor de inspección de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de la alta inspección que corresponde a la Biblioteca Nacional de España.
También se establece un nuevo régimen sancionador con multas que oscilan entre los 1.000 y 2.000 euros para las infracciones leves y entre 2.001 y 30.000 para las graves (manipulación fraudulenta o dolosa del número de depósito legal, reincidencia en la comisión de una infracción leve o presentación de datos falsos).
El Depósito Legal de Andalucía recoge ejemplares de todo tipo de publicaciones con el fin de preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual y digital de la comunidad autónoma. Durante el año 2013 se depositaron en la comunidad autónoma más de 9.000 obras.
