La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez, ha anunciado que el Gobierno andaluz destinará este año 23 millones de euros a infraestructuras de investigación y para proyectos de I+D, como una de las medidas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, el PAIDI 2020.
Gálvez, que ha analizado en Comisión parlamentaria la política de I+D del Gobierno andaluz, ha recordado que Andalucía “es la tercera región de nuestro país que más recursos destina a investigación y a innovación, según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), 1.360 millones de euros, un 0,92% de nuestro Producto Interior Bruto”.
A pesar de ello, ha señalado, casi 2 de cada 3 euros proceden del sector público, lo que hace necesario “mecanismos que compaginen el incentivo a la innovación entre las empresas con un necesario cambio cultural y fórmulas que aceleren este proceso”. Este objetivo, ha apuntado, es uno de los retos del PAIDI 2020, “que cada euro invertido por la Administración encuentre un euro invertido por parte del sector productivo”.
Entre las medidas contempladas en el desarrollo de este Plan ha resaltado el impulso de la investigación aplicada, para la cual la Consejería de Conocimiento ha transferido 70 millones de euros a las universidades para impulsar hasta 2021 proyectos de fomento y generación de conocimiento frontera, dirigidos a resolver problemas del sistema productivo o a generar avances de calado, e iniciativas de carácter experimental o el desarrollo de las conocidas como tecnologías facilitadoras esenciales, áreas transversales como nuevos materiales o nanotecnología con aplicación en muchos sectores.
Participación activa de las empresas
Según la titular de Conocimiento, “las condiciones del PAIDI para estos proyectos abren la puerta a una participación activa de las empresas, de forma que colaboren estrechamente con los grupos universitarios, asumiendo una parte (el 30%) del presupuesto”.
Junto a ello, el Gobierno andaluz tiene previsto abrir nuevas líneas de ayudas a la I+D, entre ellas, 23 millones de euros para infraestructuras de investigación y proyectos de innovación, accesibles por los parques y centros tecnológicos, y 5 millones de euros a proyectos de I+D en las pymes.
La Compra Pública de Innovación es otra de las medidas apuntas por la consejera para impulsar la I+D en las empresas, “una fórmula de licitación por el cual una Administración contrata a una empresa para que dé respuesta a una necesidad pública que no está cubierta en el mercado”.
Para Gálvez, “lo importante de esta Compra Pública de Innovación es el cambio que puede producir dentro de la empresa, pues por un lado genera una solución novedosa a una necesidad que no es exclusiva de la Junta, lo que permite elevar su competitividad en el mercado y generar más recursos que luego puede reinvertir en innovación, y, por otro, en el proceso de desarrollo del producto se generan avances, patentes, que pasa a formar parte del capital científico de la empresa”.
La consejera ha anunciado que la Estrategia Andaluza de Compra Pública de Innovación está ya en fase final, y se prevé que sea aprobada por Consejo de Gobierno después del verano, de manera que este año se inicie un programa piloto con 5 proyectos que supondrán una inversión de 50 millones de euros hasta 2020.
Finalmente, Gálvez ha hecho hincapié en que la innovación “no es solo de bata blanca, es también otra forma de organizarse, trabajar desde enfoques globales e integrales hacia la consecución de objetivos, fijando riqueza en el territorio, vertebrando la población a través del tejido productivo, y también es innovación social”.
En este sentido, ha animado a las empresas andaluzas, en especial las pymes, a “tomar conciencia de que muchas veces innovan sin ser conscientes de ello” y a “creer que realmente pueden y deben aportar ese valor añadido, que las diferencia”.
Transferencia a las Universidades
Durante su intervención en Parlamento, la titular de Conocimiento, Investigación y Universidad ha informado también de que el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades públicas este mes de julio más de 165 millones de euros para el cumplimiento de los compromisos pactados en el restablecimiento los derechos del personal de estas instituciones educativas.
Gálvez ha recordado que el pasado mes de febrero, el Gobierno de la Junta, las diez universidades públicas andaluzas y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF firmaron un acuerdo para iniciar la recuperación de derechos laborales del personal público universitario.
Respecto al Personal docente e investigador PDI, el acuerdo establece medidas para incrementar la estabilidad de la plantilla, “para lo cual se van a poner en marcha políticas de contratación que reduzcan el número de profesores sustitutos interinos y asociados, procurando, siempre que sea posible, cubrir las necesidades estructurales de los servicios universitarios con la figura de ayudante doctor, que ya se ha venido impulsando durante los últimos años para retener talento”.
También se impondrá el uso de sustitutos interinos a tiempo completo, eliminándose progresivamente esta figura de contratación a tiempo parcial, que desaparecerá por completo en el curso 2020/21 salvo en casos excepcionales.
Por otro lado, se pondrá en marcha un Plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino 2018-20 “que supondrá la progresiva convocatoria de plazas en concursos de mérito-oposición con el fin de que éstas pasen a ser fijas”.
Por último, se establece un itinerario para devolver las horas de docencia al punto previo a la crisis (240 horas), lo cual redundará en la calidad docente y en la mejor preparación del profesorado joven.
En cuanto al Personal de Administración y Servicios (PAS), universidades y sindicatos se han comprometido a comenzar a negociar de inmediato la regulación de la carrera profesional horizontal para este colectivo, la armonización de las condiciones de trabajo en todas las universidades, así como un sistema de evaluación del desempeño común y un plan de consolidación y estabilización.
