La Junta de Andalucía ha firmado un convenio con las universidades públicas andaluzas por el que la ésta asumirá el coste de cotización a la Seguridad Social de aquellos estudiantes que realicen prácticas en la Administración andaluza y sus entes adscritos con el objetivo de garantizar su formación y que no suponga un coste añadido a las universidades.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado que éstas recibirán anualmente la compensación del coste de dar de alta a su alumnado en prácticas por un importe de unos 420.000 euros y ha puntualizado que serán más de 28.000 los estudiantes andaluces que se beneficien de ello y que podrán seguir realizando sus prácticas con total garantía en la Administración autonómica. “Una prueba más, y van muchas, del apoyo firme y rotundo de este Gobierno al sistema universitario público andaluz”.
Además, ha anunciado que, en los próximos días, se acordará con las universidades la distribución de la envolvente recogida en los Presupuestos de 2024, cumpliendo la cláusula de salvaguarda, y ha afirmado que, por primera vez en la historia, las universidades públicas van a conocer en los primeros meses de cada año y no al final como hasta ahora cuál es el montante económico con el que van a poder contar a lo largo del ejercicio.
“Dispondrán de esta información fundamental unos diez meses antes de lo que ocurría hasta ahora, lo que aporta mayor certeza y facilita a cada universidad la labor de planificación del curso desde el punto de vista económico”.
Así, ha informado de que esta cantidad inicial que cada universidad va a conocer pronto podrá verse incrementada a lo largo del curso con las partidas que se destinen a proyectos estratégicos.
Con esta iniciativa asumida por el Ejecutivo andaluz, Andalucía se convierte en una de las primeras regiones españolas en liderar esa financiación exigida por la normativa estatal, garantizando con ello la continuación de las prácticas externas en el sector público. La compensación económica de ese gasto añadido evitará, además, la merma de fondos en las arcas universitarias.
Esta cotización en la Seguridad Social para este tipo de prácticas, en vigor desde el pasado 1 de enero de este año, permitirá a los estudiantes contar con toda la protección social en caso de accidentes o enfermedad durante la realización de las prácticas y les otorgará tranquilidad a la hora de adquirir una experiencia laboral relevante para su formación.
El acuerdo beneficiará a los alumnos universitarios que realicen prácticas para la obtención de titulaciones oficiales de grado y máster o doctorado, así como las dirigidas a lograr un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto. Además, también quedarán acogidos los alumnos que realicen prácticas de formación profesional, siempre que éstas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y para coordinar y supervisar su cumplimiento se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las consejerías y de las instituciones académicas.