El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Este texto legal ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado año, pero no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura.
El proyecto normativo, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, siempre en el ámbito de las competencias autonómicas, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
Lugares de Memoria
El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática, regulados por un decreto autonómico de 2011 que por primera vez en España instauró esta figura para recordar los principales emplazamientos de la represión franquista y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos de la Memoria.
En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.
En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas. En este sentido, la Consejería de Cultura podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en los que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.
Educación
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.
En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
El régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual. Entre las leves (200–2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España. A partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia.
La Junta, en colaboración con las universidades públicas, también ha promovido la investigación sobre los tribunales de Responsabilidades Políticas, sobre el exilio andaluz y sobre los tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo. Además, ha colaborado en la edición de distintos volúmenes y en exposiciones sobre el tema.
Antecedentes
Este proyecto de ley es la culminación de más de 15 años de experiencia en políticas de memoria en Andalucía, que se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Dos años después, un decreto estableció las primeras compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen franquista. En 2003, una nueva norma amplió las ayudas a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años.
Un paso más fue la creación en el año 2005 del Comisariado de la Memoria Histórica, una unidad administrativa dedicada a la atención a las víctimas y sus familias. Ese mismo año se creó una convocatoria de subvenciones específica para proyectos de investigación, estudios de ámbito local y publicaciones relacionadas con la recuperación de la memoria democrática.
Asimismo, se han concedido indemnizaciones a mujeres represaliadas durante la posguerra y la dictadura. Esta iniciativa, recogida en un decreto de 2010, está dirigida a las andaluzas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o el escarnio público.
En 2011 la Junta publicó el decreto de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, por el que se han declarado 50 espacios de estas características, entre ellos el lugar de fusilamiento de Blas Infante en el cortijo de la Gota de Leche en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael o los muros de Puerta Tierra en Cádiz. Las medidas de reparación han incluido también la actualización del mapa de fosas de Andalucía, con un total de 614.
