Una ex profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel y una multa de 144.000 euros, por la presunta falsificación de la nota de seis alumnas a las que suspendió por haber presentado un escrito de denuncia contra sus actitudes docentes, y a las que aprobó después de haberlas coaccionado presuntamente, para que rectificasen el escrito presentado contra ella.
El caso se remonta al curso 2006-07, cuando esta profesora asociada al Departamento de Enfermería presentó una baja administrativa médica por enfermedad y fue sustituida temporalmente por otro docente. Durante su baja, un total de 106 estudiantes firmaron un escrito de queja contra ella por actitudes en su condición de profesora y lo presentaron en el departamento correspondiente. A continuación, se le dio traslado y presentó el escrito de descargo en febrero de 2007.
Por su parte, el profesor contratado para sustituir a la docente denunciada continuó con el programa de la asignatura “Metodología del Ciudado”, del tercer curso de la Diplomatura de Enfermería. Este profesor realizó los exámenes de la convocatoria de enero con total normalidad, una evaluación que superaron las seis alumnas que han denunciado el caso ante la Fiscalía, una de ellas, incluso con sobresaliente.
La sorpresa fue cuando se reincorporó la docente denunciada, y en el acta provisional de notas suspendió a estas seis alumnas con un 4,5. Más tarde, las alumnas fueron a pedir explicaciones del cambio de nota y se encontraron con que la profesara, presuntamente, las coaccionó al conminarlas a que redactasen un escrito de retracto sobre los motivos que llevaron a la queja. Una vez que las alumnas hicieron esto, la docente les puso la nota real obtenida en la evaluación.
En este caso, la Fiscalía entiende que hay un delito de falsedad en documento público, al considerar las actas provisionales como “un documento oficial de la Universiad de Almería”. Además, el fiscal remarca que el cambio “no respondió a ninguna razón de tipo académico” pero que sí que afectó a alumnas que habían suscrito la queja.
Desde la Facultad de Ciencias de la Salud su decana, Genoveva Granados, no se ha querido pronunciar sobre el caso, y desean que sea la Justicia quien decida sobre este asunto “delicado”. Entre otras cosas, ella no era decana cuando sucedieron los hechos.
Éste no es el primer litigio judicial en el que se ve envuelta la Facultad de Ciencias de la Salud. En abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligaba a la Universidad de Almería y a la Facultad a adaptar las prácticas de dos asignatura de la carrera de Enfermería a las necesidades de una alumna sorda, un contencioso que se extendió unos diez años. Los hechos se remontan al curso de 99/00, cuando María del Mar Granados comenzó sus estudios de Enfermería en la UAL, siendo rector Alfredo Martínez Almécija y directora de la Escuela de Enfermería Josefa Márquez. Márquez forma parte actualmente del equipo de gobierno de Pedro Molina ocupando el cargo de Comisionada para el Espacio Europeo de Educación Superior.
La alumna, tras una enfermedad en la adolescencia, se encuentra aquejada de sordera profunda, calificada médicamente como ‘hipoacusia bilateral severa grado cero, con pérdida sensorial de oído’. La sentencia reconoce que Mar Granados hizo constar en su admisión en la Universidad de Almería que su minusvalía era superior al 33%, y que se matriculó en los sucesivos cursos académicos haciendo constar el grado de minusvalía que sufría en cada uno de sus momentos.
