El certificado de profesionalidad que se impone a las trabajadoras de cuidados de atención directa en las residencias de mayores no conlleva directamente una mejora en la profesionalización de los servicios de la dependencia. Así lo constata un estudio realizado por tres investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con los testimonios de ochenta y nueve trabajadoras de quince residencias de la comunidad autónoma.
“Precarias, segregadas y divididas”. Este es el concluyente encabezamiento del trabajo que han realizado tres investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre la profesionalización de los cuidados de atención directa en las residencias de mayores y que concluye que este proceso, introducido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), no se ha traducido en una mejora en la profesionalización de los servicios de la dependencia.
Sandra López Fernández, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Cuenca, es la responsable de un estudio sobre las consecuencias de la imposición del certificado de profesionalidad a las trabajadoras que carecen de otra titulación y que aspiran a conservar su empleo o a incorporarse al sector. Publicado en Equidad.Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, el trabajo se basa en las experiencias de ochenta y nueve trabajadoras de quince residencias de gestión privada de la región -se excluyeron las de titularidad completamente pública porque estas no tienen en plantilla trabajadoras que posean únicamente el certificado de profesionalidad, objeto del análisis-, recabadas a lo largo de 2022.
Con la colaboración de Paloma Candela Soto y María del Carmen Sánchez Pérez, de las facultades de Educación de Ciudad Real y Albacete, respectivamente, la investigadora Sandra López Fernández ha radiografiado la realidad de los cuidados en las residencias de mayores de la región concluyendo que “para las trabajadoras de atención directa en estos centros, la formación obligatoria no ha supuesto una adquisición de nuevos conocimientos ni habilidades, ni tampoco un avance en sus condiciones laborales”.
Es más: a juicio de la autora, “para las cuidadoras más veteranas y para las mujeres migrantes, este proceso de profesionalización pone en riesgo la estabilización y la mejora de las oportunidades de empleo de las trabajadoras, anclándolas a la precariedad de un sector fuertemente privatizado, donde no es posible el ascenso ni mejora salarial”.
Entre otras advertencias, el estudio subraya que “apostar por una formación de calidad es prevenir problemas, ya que en las residencias de personas mayores la forma de maltrato con mayor presencia se debe a la falta de conocimientos para actuar correctamente”.
