La Asociación Española de Bioética y Ética Médica vuelve a posicionarse en contra la de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, entre otras cuestiones, porque la protección legal de la vida humana “tiene que ser incondicional y abarcar el entero ciclo vital”. A continuación, reproducimos su comunicado.
- Lamentamos profundamente tanto que nuestros legisladores, a falta de aprobación por el Senado hayan decidido despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido en nuestro país como que se haya introducido en nuestro ordenamiento legal un derecho a recibir ayuda a morir, todo ello bajo determinadas circunstancias. La protección legal de la vida humana tiene que ser incondicional y abarcar el entero ciclo vital. Generar excepciones supone condicionar su respeto a la valoración de otras personas.
- Tal hecho supone una inevitable disposición de la vida ajena, que lejos de conjugar ficticiamente unas pretendidas excepcionalidades, con el pleno respeto a la integridad física de las personas, en realidad genera una desprotección de todos, especialmente de los más vulnerables. Se hace sobre ellos una injusta presión para que elijan esa opción, facilitándose el contagio social que puede incrementar el recurso a ella.
Insistimos en que matar a un inocente no es un acto médico. En consecuencia, nunca puede ser un deber médico provocar la muerte o ayudar al suicidio de una persona. Consideramos, por lo tanto, que las dos prestaciones de ayuda a morir que contempla la ley y que requieren de médicos no pueden ser exigidos a estos profesionales. - Volvemos a denunciar que la despenalización se realiza sin que se haya querido desarrollar todos los medios para el ejercicio integro de un derecho humano como es el de la atención y el cuidado sanitarios. En concreto, el necesario al final de la vida o cuando se padece una grave enfermedad que genera gran incapacidad o un sufrimiento insoportable. Renovamos nuestro compromiso con todas las profesiones sanitarias en las cuales es esencial a ellas el compromiso de promocionar y respetar la
vida humana, no el de decidir o ejecutar la muerte. Animamos a la sociedad civil y a los partidos políticos contrarios a estas conductas, a comprometerse en la derogación de esta ley, que supone un retroceso en el respeto de la vida humana en nuestro país.
