Que tenemos crisis es un hecho tan innegable como la corrupción política se ha adueñado de la vida pública española; lo cierto es que no es, y en eso llevan razón los que así lo afirman, una cuestión española, corrupción política hay en todos los países como “determinista convencido” creo que es consustancial con la naturaleza humana y por tanto, como las cucarachas o las ratas no se separará de nosotros mientras el hombre sea hombre (hombre, especie).
No obstante, si todos (los países) tenemos corrupción y además es consustancial con nuestra naturaleza humana, deberíamos de crear sistemas jurídicos que impidan serlo, o buscar la solución “magistral” en la educación, para que las nuevas generaciones dejen de ser corruptas por naturaleza; Ambas ideas geniales si no fuera porque llevamos 30 años legislando y con una educación hiper ciudadana, híper igualitaria, híper sexual, hiper axexista, híper democrática, híper tolerante y no sé cuantos híper mas, sin que esto parezca que lleva a reducir lo que pretende combatir, más bien parece potenciarse.
Analizado esto y por tanto, si la corrupción política no es un asunto de la cultura, de la formación, de la educación, ni se soluciona por mas leyes que se hagan (y en España hacemos muchas, aunque no sé si llevan a este fin o al contrario), ¡¡¡ a que se debe esta lacra social que atenaza a los ciudadanos y nos hace vulnerables a la desidia cuando no al fanatismo antisistema!!!
Los expertos ahondan en que la corrupción política viene derivada de politización de las instituciones públicas, de hecho en países donde los cargos electos o que dependen de instancias políticas son bajos (Finlandia, Suecia, Suiza, países bajos, etc.…, en estos en ayuntamientos con 100.000 a 500.000 habitantes hay incluyendo al alcalde dos o tres personas cuyo sueldo depende de que gobierne el partido X o Y) hay menos corrupción política que en aquellos en los que como España, el partido gobernante puede nombrar multitud de altos cargos asesores y a la vez tejer una red de empresas (publico – privadas) agencias, fundaciones, etc.… que dependen de la discrecionalidad política del gobernante.
Si a este número de cargos nombrados a dedo, agregamos la tendencia endémica de la administración española de funcionar con contratados (El legislativo crea leyes para fomentar el empleo estable, pero los ayuntamientos, diputaciones y otros encabezan el ranking de entidades en las que existe mayor cantidad de empleo eventual o precario) que hace ante la incertidumbre de la renovación del contrato, doblegarse a los intereses del político de turno; y ante su eventualidad (que lo despidan) si accede otro partido al poder, aceptará “pulpo, como animal de compañía” como fórmula de granjearse amistades que tras su salida de la administración pudieran derivar en favorecer su contratación en la empresa privada.
Este panorama crea en España (también en otros países) una cadena humana que incluye trabajadores de empresas publico-privadas, asesores, funcionarios (sin opositar), cuadros del funcionariado, asesores, electos, etc.… que comparten un objetivo común “ganar las elecciones” para perpetuarse otros cuatro años más en su sueldo, lo que les lleva a ser tolerantes y permisivos con aptitudes que vulneran la mas mínima razón ética.
Este panorama deriva en las lamentables declaraciones de políticos electos, funcionarios, trabajadores y en general de la ciudadanía, cuando han aparecido en la prensa casos como los de Zurgena, Vera, El ejido, etc.… y en las que lejos de buscar la verdad y la honradez, buscamos la justificación; nuestra justificación ante lo que parecía, pero no sabíamos, intuíamos pero no creíamos, era ilógico pero no actuamos, era legal pero desde luego era y es inmoral.
Por tanto si entendemos que este es el problema, la politización de las instituciones públicas, como afiliado a UPyD apunto a que ya no necesitamos cárceles para ello, ni leyes, ni jueces, ni cursos de formación política o ciudadana on lines; solo necesitamos una administración no politizada. El ejemplo de algunos países puede ser ilustrativo, así en las ciudades de los USA, donde la corrupción a finales del siglo XIX y primeros del XX era importante, ésta descendió al sustituir el gobierno en el que el alcalde tenía capacidad legislativa y ejecutiva (similar a como lo tenemos en España) por unos cargos electos que solo tienen capacidad legislativa pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría de concejales cualificada (más del 50%) y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral por lo que se reduce la dependencia de la política; este tipo de gobierno municipal o similar ha sido adoptado por otros muchos países en los que la corrupción política es muy baja.
Pero si no queremos llegar a esta transposición, como mínimo precisamos la Reforma de la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Recuperando la tradicional figura de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación. Recuperar el efecto paralizador del expediente relativo al gasto, si la fiscalización previa de legalidad es negativa
