Gérgal y Pulpí son dos de las diez localidades andaluzas que participan en un plan para mejorar la iluminación urbana y reducir tanto la contaminación lumínica como el consumo energético. Este proyecto está impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha analizado 13.178 farolas en toda Andalucía, y entre las conclusiones destaca la necesidad de cambiar el 28% de las bombillas analizadas, por ser lámparas de vapor de mercurio.
El proyecto piloto ha sido presentado en Sevilla por el secretario general de Medio Ambiente y Agua, Sergio Moreno, ante los diez alcaldes de los ayuntamientos andaluces seleccionados. Para el estudio se ha elegido una muestra representativa de municipios de Andalucía con población comprendida entre 1.000 y 60.000 habitantes y ubicados en la costa, en la sierra, en parques naturales y en áreas metropolitanas de grandes capitales.
Las localidades han sido: Pulpí y Gérgal, en Almería; Conil de la Frontera, en Cádiz; Cabra, en Córdoba; Beas de Granada, en Granada; Segura de la Sierra, en Jaén; Linares de la Sierra, en Huelva; Algarrobo, en Málaga; y Alcalá de Guadaíra y Marchena, en Sevilla.
El caso de Gérgal reviste especial interés, ya que la contaminación lumínica que emana de su casco urbano interfiere en los estudios que se realizan en el observatorio de Calar Alto. De hecho, el municipio está ubicado en la zona de máxima protección definida por el reglamento contra la contaminación lumínica, que aprobó la Junta de Andalucía hace algo más de un año.
Para desarrollar la iniciativa ha sido necesario realizar un estudio luminotécnico, herramienta que permite conocer los ahorros reales y la inversión necesaria para el cumplimiento de la normativa. En este caso, los ayuntamientos deben adecuar su alumbrado público en el marco de las obligaciones derivadas de la aplicación del Reglamento de Protección del Cielo Nocturno. Con objeto de facilitar a los municipios la adaptación de sus instalaciones considerando los criterios ambientales, además de los legales, técnicos y económicos, la Consejería ha llevado a cabo esta experiencia piloto.
El estudio ha mostrado que para cumplir la normativa es necesario sustituir el 28 por ciento de las bombillas analizadas, al tratarse todavía de lámparas de vapor de mercurio. En esta misma línea, el 36 por ciento de las farolas habría también que cambiarlas al emitir un flujo hemisférico superior al 25 por ciento, es decir, lo que emite una luminaria hacia el cielo, por encima de su plano horizontal y que no sirve para iluminar nada.
Con estas medidas se garantiza alcanzar el mayor ahorro económico posible derivado de la reducción del consumo de energía eléctrica y la disminución de emisiones de CO2 asociadas a la producción de electricidad. El estudio y determinación de los nuevos niveles lumínicos es uno de los aspectos más novedosos de la experiencia realizada, ya que introduce una base técnica y objetiva para evaluar la calidad del servicio público ofrecido más allá de los intereses puramente económicos.
Los estudios luminotécnicos permiten también analizar, en función de las singularidades de cada municipio, las soluciones económico-financieras más adecuadas disponibles en el mercado para acometer dicha inversión, ya sea a través de inversión municipal, por financiación externa, o mediante la contratación de la gestión del alumbrado público con Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
Esta primera experiencia permitirá establecer una metodología de trabajo para afrontar el análisis de los sistemas de alumbrado público y las soluciones económico financieras más adecuadas, sin olvidar la garantía de un servicio público sostenible.
