La fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez, ha señalado hoy que la trata, en cualquiera de sus variedades, es la “esclavitud del siglo XXI”. “Quienes conocemos esta realidad y llevamos muchos años en la lucha contra la trata, nos dimos cuenta hace mucho que esto no es un trabajo, sino una verdadera esclavitud, una explotación de un ser humano a manos de otro ser humano”, ha destacado.
Sánchez ha participado en un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno de Almería por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. En España, la trata para explotación sexual afecta principalmente a mujeres y menores, en su mayoría extranjeras. La fiscal ha resaltado, en este sentido, que la relación entre la inmigración irregular y la trata de seres humanos es “directísima”.
Beatriz Sánchez ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Raquel Contreras. El acto, que ha contado con una numerosa presencia de estudiantes universitarios, se ha celebrado en el Auditorio de la UAL.
La fiscal Beatriz Sánchez ha descrito la trata como “un fenómeno que consiste en arrancar a una persona del lugar al que pertenece y de sus raíces y trasladarla a otro lugar mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de la situación de necesidad, de vulnerabilidad en la que se encuentra”. Y, aprovechando esa máxima debilidad, explotarla “en las diferentes modalidades que ya conocemos o en las posibles modalidades que puedan surgir en el futuro”, ha destacado. Es, además, un delito en movimiento, ya que implica una captación previa y un traslado.
Para combatir la trata, la fiscal ha señalado que hay tres pilares básicos: la prevención, la protección de las víctimas y una persecución penal coherente. En este sentido, ha explicado que sería necesario mejorar la penalización de la prostitución coactiva, de cualquier tipo de proxenetismo, esclavitud y servidumbre. Por otra parte, además, la fiscal ha reconocido que también es necesario que exista una mayor concienciación social, en particular hacia los potenciales clientes y consumidores de cualquier tipo de explotación.
El negocio de la trata con fines de explotación sexual mueve al día en nuestro país 5 millones de euros y se vale de las rutas de la droga y de la inmigración irregular. En Europa, este negocio ilícito genera ingresos por valor de 32.000 millones de euros anuales, 108.000 millones de euros, según los estudios de Naciones Unidas, a nivel global. Se estima, sin embargo, que estas cifras son solo la punta del iceberg, ya que las mujeres identificadas como víctimas de trata apenas llegan a un tercio del total.
De la Fuente ha explicado que la Administración cuenta con herramientas para las supervivientes de estas redes de trata. Por ejemplo, el Plan de Contingencia que se aprobó en marzo de 2020 contra la violencia de género ante la crisis del Covid-19, se amplió, días más tarde, con medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Además, desde el Ministerio de Igualdad se promovió la inclusión de las víctimas de trata entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que se puso en marcha en mayo del año pasado.
Igualmente, el Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual ha seguido trabajando durante todo este tiempo; se ha canalizado apoyo financiero a entidades que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata; la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realiza transferencias de fondos a las comunidades autónomas, que incluyen partidas presupuestarias para las víctimas de agresiones sexuales; desde 2018 está en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, además, se está redactando la Ley Integral contra la trata de seres humanos, que verá la luz en unos meses.
Por su parte, en su intervención, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez, ha señalado que, ante temas como el de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la universidad “no puede ni debe adoptar una postura de imparcialidad” porque, por encima de todo, “debe prevalecer la defensa de los derechos humanos”.
