Un grupo de expertos ha analizado hoy la nueva Ley de Costas, aprobada ayer en el Congreso, en el II Simposio de Actualización en Derecho Administrativo Planificación y Protección del Litoral. El encuentro, que tendrá una segunda parte que se celebrará en el mes de octubre, debatirá también la figura del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que quiere salvaguardar los intereses que confluyen en este espacio y mantener libres de urbanización aquellos lugares que cuenten con especial protección. El simposio está dirigido por el Catedrático de Derecho Administrativo de la UAL, Juan Francisco Pérez Gálvez y la organización corre a cargo del Grupo de Investigación “Ciencia y Derecho Público en el Siglo XXI”, del Área de Derecho Administrativo de la UAL y la Delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La actividad está patrocinada por CeiMAR, el Campus de Excelencia Internacional del Mar.
Pérez Gálvez explicaba que el encuentro de hoy ha sido el primero de nuestro país en el que se han analizado las implicaciones de la Ley de Costas, “que tienen un contenido jurídico, económico y social muy relevante puesto que afecta a muchas personas, a muchos municipios y a muchos kilómetros de costa”.
Entre los cambios que incorpora esta reforma está el aumento de las autorizaciones a chiringuitos por espacio de 4 años y de concesiones por un margen de 75, con lo que el “efecto 2018”, el vencimiento de concesiones próximas, se amplía de forma notable. La nueva Ley de Costas también modifica el régimen de deslindes y reduce las servidumbres de protección, en algunos casos de 100 a 20 metros.
También incluye una cláusula anti-Algarrobico (tema que se ha debatido esta mañana en este simposio) que intentará propiciar que no se vuelvan a repetir episodios como el del hotel de Carboneras y que articula una serie de potestades para que haya más coordinación entre la administración central y las locales.
La inauguración del simposio ha corrido a cargo del subdelegado del Gobierno, Andrés Garcia Lorca, el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta, José Manuel Ortiz y la secretaria general de la UAL, María Luisa Trinidad.
