“La Región está en una situación muy embrionaria respecto a la utilización de la contratación para hacer política social y medioambiental”. Es una de las conclusiones del informe sobre contratación pública socialmente responsable presentado esta mañana en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y que ha dirigido Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, y en el que han participado profesores de la Universidad Católica, y de las públicas de Murcia y Alicante, así como expertos en politología y antropología.
El panorama general que se observa en el análisis realizado es que todavía se está en una fase muy inicial de desarrollo en esta materia. Son numerosas las entidades públicas que apenas disponen de experiencias o que no han afrontado la incorporación de cláusulas ecosociales. En él se pone de relieve que hace falta un mayor conocimiento y aplicación de este tipo de cláusulas en la contratación pública por parte de las administraciones presentes en la Región.
Entre las conclusiones destaca que la Ley de Contratos del Sector Público permite establecer requisitos de carácter social y medioambiental para que la contratación pública suponga mejoras adicionales en estas materias. Contratar personas con discapacidad o desempleados de larga duración se puede incorporar como cláusulas de los contratos. También la utilización de maquinaria y vehículos eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente.
Entrevistas y experiencias reales
La realización del documento se ha basado en entrevistas en profundidad a treinta informantes clave de la Región de Murcia de organizaciones sociales, medioambientales, sindicatos, organizaciones empresariales y técnicos de contratación pública. También se analizaron las experiencias de diez ayuntamientos y de tres consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tras una solicitud realizada a todas las entidades públicas de la Región.
Por otra parte, las percepciones de los empresarios y los representantes de sus organizaciones comparten que la licitación pública supone un instrumento positivo, pero se expresa la inquietud de que este tipo de cláusulas represente una desventaja para la pequeña y mediana empresa, dado que en su diseño no siempre se tiene en cuenta el tamaño de las mismas en relación a la dimensión del contrato a ejecutar.
El estudio ha sido realizado por Irene Bajo García, Alejandra Selma Penalva y José Luís Durán Sánchez, profesores de las universidades públicas de Alicante y Murcia, y la UCAM respectivamente, así como el politólogo Javier Sierra Rodríguez, el abogado Fernando López Alonso y el antropólogo Gabriel López Martínez.
