La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a ocho entidades financieras, que han incumplido la función social de sus viviendas protegidas, al no haberlas ofrecido a lso registros públicos de demandantes. Las entidades se exponen a unas multas de 11,1 millones de euros.
El motivo de apertura de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. “Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social”, ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento.
Las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).
En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Viviendas por provincias
Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.
Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.
