El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión prejubilaciones en 33 de las universidades públicas de este país realizadas durante más de una década, y que según este órgano carecían de “soporte legal”. El coste de estas prejubilaciones ha rondado los 43 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Según recoge la publicación digital Ibercampus.es, los programas de jubilación voluntaria anticipada son actuaciones singulares de cada universidad, que se han repetido “como un efecto contagio” en muchas de las universidades públicas de este país.
Las prejubilaciones irregulars se han venido sucediendo desde principios de la última década, aunque fueron más intensas de 2006 a 2008. El informe del Tribunal de Cuentas estima que solo entre 2007 y 2009, casi 1.500 personas se acogieron a este sistema de bajas incentivadas en las universidades públicas.
En este periodo se destinaron a este fin 43,6 millones de euros en universidades públicas como las de (78.147 euros), Cádiz (1,1 millones de euros), Córdoba (3 millones), Granada (2,3 millones), Huelva (603.557 euros) y Sevilla (6,4 millones), así como en las de Zaragoza (228.046 euros), Oviedo (290.189 euros), Cantabria (572.566 euros), Burgos (12.837 euros), País Vasco (3,8 millones), Alicante (1,4 millones), Jaume I de Castellón (198.282 euros), Politècnica de Valencia (3,07 millones) y Valencia (2,2 millones).
También figuran pagos en estos tres años realizados en las universidades Autónoma de Barcelona (3,5 millones), Barcelona (5,7 millones), Girona (135.000 euros), Lleida (72.678 euros), Politécnica de Cataluña (1,1 millones), Pompeu Fabra (496.335 euros), Rovira y Virgili (652.270 euros), Extremadura (1,6 millones), A Coruña (959.335 euros), Vigo, 509.934 euros), Alcalá (290.008 euros), Autónoma de Madrid (1,3 millones), Carlos III (69.216 euros) y Complutense de Madrid (1,4 millones), según el informe.
El informe dice que en estas universidades se “ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito” creando una figura nueva, la de “profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado” que a juicio del Tribunal de Cuentas, “no tiene cobertura legal (…) y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal”.
