El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, ha participado esta mañana en la Comisión no Permanente para la Reactivación Social y Económica para el Empleo, organizada por parte del Ayuntamiento de Sevilla como respuesta a la situación derivada de la crisis sanitaria por coronavirus.
En su intervención, el también catedrático del Área de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide ha cifrado en 52.000 las ofertas de trabajo que no se llegarán a materializar en la capital hispalense debido al estado de alarma decretado por la pandemia.
Para García, “la crisis del coronavirus ha estallado desde una perspectiva laboral en el peor momento posible del año”, señalando el periodo entre marzo y junio como “el momento el que se venían registrando los mayores volúmenes de contratación y donde el paro registraba su mayor descenso estacional”.
En base a un estudio elaborado para FEDEA por el rector José Ignacio García, junto a Florentino Felgueroso y Sergi Jiménez, entre los meses marzo y mayo se habrían perdido cerca de 39.000 ofertas de empleo en la ciudad de Sevilla, a lo que se unirían otras 13.000 más durante el mes de junio. Los sectores servicios (con una caída del 51,2%) y de la construcción (un 26,5%) serían los más afectados, siendo la bajada más aguda en los contratos temporales: en torno al 43% interanual.
Protección del empleo
Según el catedrático, el “shock” que la COVID-19 ha producido sobre el empleo, los salarios y el PIB nacional es “algo no visto desde la década de los cuarenta del siglo pasado”. No obstante, ha apuntado, “otros países nos enseñan que es posible encontrar el camino para una desescalada segura en lo sanitario e inteligente en lo económico”.
En este sentido, existen herramientas para entender la dinámica de un mercado “en profunda transformación” e “identificar las causas por las cuales determinados colectivos tienen dificultades extremas para recolocarse o conseguir un empleo acorde a su cualificación”. Así, José Ignacio García ha apuntado a técnicas de perfilado estadístico, que permiten hacer el cálculo del nivel de empleabilidad de los demandantes y usar ese indicador para diseñar itinerarios de inserción laboral.
Utilizando como base información de las ocho oficinas de empleo de Sevilla, así como las tendencias registradas durante la crisis sanitaria, el rector de al UNIA ha propuesto a la comisión algunas medidas a acometer.
Una de ellas sería el diseño de políticas de incentivos a la contratación en los sectores donde la actividad no se vea en exceso constreñida por las medidas de distanciamiento social (industria, agroindustria y servicios con bajo componente de atención al público). Estas, ha apuntado, estarían enfocadas especialmente a la reubicación de los grupos de demandantes con empleabilidad alta y medio-alta, “trabajadores que responden a intervalos de edad inferior a los 35-40 años y, en su mayoría, con contrato temporal, que ya han perdido su empleo o lo verán peligrar en los próximos meses”.
Por otra parte, ha señalado la necesidad de atender de manera diferenciada a los trabajadores de edad madura, la mayoría con contrato indefinido y protegidos en un ERTE, si bien “eso no quiere decir que, si la crisis se endurece, no vean peligrar su puesto de trabajo”. Ante ello, ha afirmado, “creo también muy necesario diseñar una estrategia de ayuda a las empresas ahora mismo en ERTE en sectores estratégicos para la ciudad de Sevilla, para que puedan mantener el empleo una vez abandonen esta política de protección”.
Esfuerzo en formación
Durante su exposición, José Ignacio García ha hecho especial hincapié en diseñar incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores, en particular dentro de aquellos sectores donde la actividad no se recuperará por completo a medio plazo. A nivel local, ha reconocido, “es poco lo que se puede hacer en las empresas inmersas en un ERTE”, pero “existe una oportunidad de adelantarse a los hechos y ofrecer los servicios de las agencias locales de empleo para el desarrollo de planes de reubicación del personal en sectores donde la mano de obra requerirá recualificación”.
Por último, el rector de la UNIA ha alertado de la situación que el confinamiento y la alteración del proceso educativo ha generado sobre niñas y niños. Un factor adicional que, según ha subrayado, actuará negativamente sobre el rendimiento de los colectivos sociales más vulnerables, aumentando la brecha y repercutiendo a medio plazo en nuevas oleadas de abandono escolar.
Así, García Pérez ha apuntado que los programas de educación compensatoria o refuerzo educativo “son ahora más necesarios que nunca” y que, “como hemos evaluado desde la Universidad Pablo de Olavide, demuestran tener un impacto positivo muy importante en alumnos de colectivos desfavorecidos”.
