El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado este miércoles la importancia del acuerdo alcanzado por las diez universidades públicas andaluzas, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y la Junta de Andalucía, en el marco de la Mesa General de Negociación, para la recuperación de derechos laborales del personal público universitario, tanto del docente e investigador (PDI), como de administración y servicios (PAS).
Ramírez de Arellano ha explicado en Comisión parlamentaria que este acto se produce tras un año de trabajo de la Mesa de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, convocada para impulsar la restitución y ampliación de los derechos tras el periodo de crisis económica. Con objeto de atender las necesidades económicas que surjan de la aplicación de las medidas consensuadas, el Gobierno andaluz había previsto una partida de 10,5 millones de euros en el presupuesto dedicado al sistema universitario público para 2018.
El titular de Economía ha resaltado que este acuerdo “viene a ofrecer estabilidad a las plantillas, certidumbre en la carrera profesional y una necesaria vuelta a la normalidad, tras duros años de crisis en los que el personal público andaluz ha hecho gala de su generosidad y profesionalidad manteniendo altos niveles de calidad”.
En relación al Personal Docente e Investigador (PDI), el consejero ha indicado que el acuerdo recoge medidas de estabilidad de la plantilla, “con un compromiso de puesta en marcha de políticas de contratación que reduzca el número de profesores sustitutos interinos y asociados, procurando cubrir las necesidades estructurales con la figura de ayudante doctor”.
En este sentido, ha recordado que la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central supuso “reducir el gasto a costa de mermar las plantillas, lo que ha derivado en un proceso de precarización, sobre todo en el eslabón más débil de los profesores asociados”.
Frente a ello, ha explicado que Andalucía ha desarrollado medidas para “atraer y retener el talento y favorecer el relevo generacional, mientras mantenemos la capacidad docente e investigadora de nuestras universidades”, entre ellas, “una oferta de títulos ajustada a la plantilla, con un mapa de grados y másteres sensato que, por otro lado, nos ha permitido las matrículas más bajas de España”.
Además, se ha impulsado, en consenso con las universidades, la contratación bajo la figura de ayudante doctor, “con más de 1.300 plazas autorizadas desde 2014”, contratos sujetos a cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
En la Mesa se ha acordado también el uso de sustitutos interinos a tiempo completo, “eliminándose progresivamente esta figura de contratación a tiempo parcial, la cual desaparecerá por completo en el curso 2020/21 salvo en casos excepcionales, como el de paliar aquellas necesidades docentes sobrevenidas (por ejemplo bajas laborales superiores a cuatro semanas, o situaciones de riesgo en embarazos) a lo largo del curso académico”.
Asimismo, el acuerdo recoge la puesta en marcha un plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino, que se desarrollará entre los años 2018 y 2020, “y supondrá la progresiva convocatoria de plazas en concursos de mérito-oposición con el fin de que éstas pasen a ser fijas”. El plan articula mecanismos para que cada universidad convoque igual número de plazas en cada área del conocimiento y que éstas salgan durante los próximos dos años, valorando positivamente tanto la antigüedad como la experiencia.
Por último, se establece un itinerario para devolver las horas de docencia al punto previo a la crisis (240 horas), lo cual redundará en la calidad docente y en la mejor preparación del profesorado joven. Además, se prevé abrir sendas negociaciones, por un lado con el fin de establecer un nuevo sistema para el reconocimiento de complementos retributivos ligados a los méritos con vistas a 2019 y por otro con el fin de diseñar la carrera profesional del PDI laboral en Andalucía, que serviría para modificar la Ley Andaluza de Universidades y que incluiría un sistema de estabilización.
En cuanto al Personal de Administración y Servicios, universidades y sindicatos se han comprometido a comenzar a negociar de inmediato la regulación de la carrera profesional horizontal para este colectivo, la armonización de las condiciones de trabajo en todas las universidades, así como un sistema de evaluación del desempeño común y un plan de consolidación y estabilización.
Por otro lado, se va a iniciar un proceso de diálogo con el objetivo de definir un plan de consolidación y estabilización del PAS. La mesa busca ofrecer certidumbre a este personal, garantizar que se utiliza el 100% de la tasa de reposición para evitar una descapitalización de los recursos humanos de la universidad y estabilizar los empleados temporales.
Mientras tiene lugar esta negociación, el acuerdo firmado aborda la creación de un nuevo tramo retributivo con carácter transitorio, siguiendo los últimos criterios empleados en la evaluación de la productividad. Para hacerlo efectivo, se establece una programación por la cual el 50% de la retribución se hará efectiva en 2018, con carácter retroactivo al 1 de enero, mientras que se incrementará hasta el 100% de cara a 2019.
