El tratamiento mediático que se da a estos hechos, apuntaba Vián, es la mayor parte de las veces “dudoso y discutible”. Por varios aspectos, decía el juez: entre ellos, que no es infrecuente que se desvele la identidad del menor delincuente –“ocultar su identidad es fundamental para facilitar su reinserción social en el futuro”, decía-; que en los medios de comunicación existe una tendencia a remarcar una descripción detallada de los hechos cometidos por el menor, algo que no ocurre en el caso de los delitos cometidos por adultos –“sólo interesa que el delito sea lo más grave posible, cruel y escabroso”, apuntaba Vián-; el seguimiento del tiempo de la noticia (a veces, se sigue hablando de determinados casos en los medios de comunicación durante años), y, por último, que todo ello genera dudas a nivel social sobre la utilidad y la validez de la Ley del Menor. “Esto es lo más grave”, destacaba el magistrado.
“No digo que la Ley del Menor sea perfecta, pero tampoco es una bazofia ni una mala ley. Prueba de ello es que el índice de reincidencia es muchísimo más bajo que en los adultos”, afirmaba. Según datos de la Junta de Andalucía, el porcentaje de menores que han participado en hechos delictivos y que se reinsertan (sin volver a cometer nunca más ningún delito) ronda el 72%.
Sin embargo, también decía Vián que los medios de comunicación no son los únicos “culpables” de situaciones como las que se han producido en el ‘caso Marta del Castillo’. También otras partes implicadas en el proceso “que entran de lleno en el circo mediático”. Se refería aquí el juez a los padres de El Cuco, que se negaron a declarar ante el juez y que, sin embargo, acudieron después a un programa de Antena 3 para contar su visión de los hechos.
El juez de menores, que ha ido de lo general a lo particular en su intervención y que ha hablado de otros casos igualmente mediáticos (el de las niñas de San Fernando, el de Sandra Palo, el llamado ‘caso de la catana’, en Murcia, o el de Jokin –que se suicidó incapaz de aguantar el acoso escolar al que estaba siendo sometido por algunos compañeros-), ha explicado las medidas que se tomaron para ‘acotar’ mediáticamente lo que rodeaba al ‘caso Marta del Castillo’.
Por una parte, se restringió mucho el número de medios autorizados para poder seguir el juicio: de las alrededor de 500 peticiones iniciales, sólo hubo 30 autorizaciones finales. Se acreditaron 100 periodistas, entre redactores, fotógrafos y cámaras. Los medios gráficos tenía prohibida la entrada al edificio y los redactores sólo podían estar en una sala habilitada en el tercer piso, mientras que El Cuco era juzgado en el segundo piso, a puerta cerrada. Por otra parte, los periodistas sólo podían salir de la sala en la que estaban cuando el menor ya había abandonado el edificio judicial.
Igualmente, se prohibió también la señal institucional y sólo se permitió a las televisiones que grabaran unos planos de la sala donde El Cuco iba a ser juzgado 3 ó 4 días antes de que empezara el juicio.
“Se intentó dar a los medios una información objetiva, facilitada por el gabinete de prensa y verificada por mí y así se hizo durante los tres primeros días. Pero, después, los medios lo rechazaron, les parecía insuficiente. Y empezaron a hablar con los padres de Marta del Castillo, con los de El Cuco, con otros miembros de la acusación particular. Se generó entonces una visión subjetiva y se creó, a partir de ahí, un juicio paralelo que generó unas expectativas sociales”, apuntaba Vián.
¿Cómo solucionarlo?, se preguntaba igualmente el juez, ya al término de su intervención. Es difícil, contestaba, porque los ritmos de los jueces y el que llevan los medios de comunicación “son completamente distintos”. “Pero todo ello no nos puede llevar a pensar que la Ley del Menor no vale, que la justicia tampoco o decir, como se ha dicho, que los jueces están comprados”.
