El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas un plan para incorporar a 3.400 ayudantes doctor, con el que se contribuirá a reducir la temporalidad en las universidades públicas españolas. La iniciativa ha sido presentada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la Conferencia General de Política Universitaria.
El Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas, adscrito a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que Diana Morant ha propuesto a las autonomías recoge el compromiso del Ministerio de financiar por primera vez en la historia un total de 3.400 plazas de profesores y profesoras ayudante doctor en las universidades públicas, a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. El Ministerio ha previsto una financiación de 150 millones de euros anuales por curso académico.
“El Gobierno de España con este programa hace un esfuerzo inédito en nuestro país, porque nunca antes un gobierno había planteado un programa de estas características”, ha afirmado Morant.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho hincapié en que es un programa de colaboración y de corresponsabilidad institucional entre el Gobierno de España y las CCAA, y ha dejado claro que, a nivel competencial, la financiación de las universidades corresponde a las comunidades autónomas. Por ello, ha aclarado, “condicionamos la financiación de este programa por parte del Gobierno de España a la participación de cada comunidad autónoma”, dado que también deberán asumir un compromiso de cofinanciación.
En los próximos días, el Ministerio mantendrá reuniones bilaterales con las distintas CCAA y abrirá una convocatoria de expresiones de interés sobre la adhesión a este programa.
“La Universidad no puede ser una isla de precariedad”
La ministra ha destacado que la temporalidad en las universidades es cercana al 50% frente a la temporalidad en nuestro país, que ha caído a una cifra mínima del 12,7%, un 7,5% en el caso de las actividades profesionales científico-técnicas y por eso, ha subrayado, “la universidad no puede ser una isla de precariedad ni de temporalidad en nuestro país, porque no es justo y porque no se lo merecen ni los profesores ni las profesoras”, ha sostenido.
“En las condiciones actuales, las universidades no pueden hacer con toda la potencia necesaria el papel fundamental que tienen en la sociedad, que es la de ayudarnos a resolver los grandes retos globales, como la transformación digital, la transformación verde o luchar contra el cambio climático”, ha añadido.
“Vamos a exigir a las Comunidades Autónomas el mismo esfuerzo para mejorar las universidades porque, más allá de los números, hablamos de personas, profesores y profesoras que trabajan en las universidades de manera temporal y precaria”, ha dicho también Morant.
La Conferencia General de Política Universitaria es el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria con las comunidades autónomas.
