La dictadura venezonala está detrás del que quizá sea el éxodo migratorio más importante del mundo por motivos políticos. Más incluso que el sirio, que es un país destruido por la guerra. Los más perjudicados son los niños. Sólo en Santafé de Bogotá, la capital colombiana, el país vecino de Venezuela, más de 62.000 estudiantes venezolanos han sido matriculados en colegios públicos —el 94,7 % en instituciones oficiales—. Sin embargo una investigación revela que la falta de contenidos pertinentes, la escasa preparación docente y el desconocimiento de sus trayectorias migratorias ponen en serias dudas que dicha escolarización esté siendo efectiva
El aumento sostenido de la migración venezolana desde 2017 convirtió a Bogotá en una de las principales ciudades receptoras de Colombia. Según el Observatorio Nacional de Migraciones en 2023 cerca de 788.800 menores de edad venezolanos residían en Colombia, lo que ha representado un desafío estructural para el sistema educativo.
En Bogotá la demanda social se intensificó al punto de que por cada 100 estudiantes en colegios públicos 9 son venezolanos. Esta presión sobre el sistema educativo ha evidenciado sus limitaciones para garantizar una inclusión real y sostenida de esta población.
Un estudio liderado por el sociólogo Johan Sebastián Bonilla, magíster en Educación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), advierte que la integración escolar de los estudiantes migrantes sigue siendo superficial y limitada. Basado en entrevistas con docentes, estudiantes, acudientes y directivos de una institución pública de Bogotá, el trabajo identifica múltiples barreras: expresiones de discriminación, desconocimiento de la cultura venezolana y escasa preparación institucional para reconocer y atender la experiencia migratoria dentro del aula.
La investigación combinó el análisis de datos sociodemográficos —como edad, género, grado de escolarización, lugar de origen, tiempo de permanencia en el país y lugar de residencia en Bogotá— de estudiantes venezolanos matriculados entre 2019 y 2023 con entrevistas a alumnos, acudientes, docentes y directivos de una institución pública de Bogotá. A partir de esta información el magíster evaluó el sistema educativo según cuatro dimensiones clave que determinan la calidad de la educación: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
En términos de asequibilidad —dimensión que evalúa la infraestructura, la planta docente y la posibilidad de elección educativa—, el estudio encontró que aunque Bogotá ha garantizado el acceso formal a cupos escolares aún persisten brechas en la calidad del capital humano.
Según el magíster Bonilla, algunos docentes desconocen aspectos básicos sobre la identidad cultural de sus estudiantes, llegando incluso a asumir que todos comparten características regionales colombianas. Este tipo de generalizaciones revela que aunque la cobertura está asegurada aún existen rezagos significativos en la preparación pedagógica para la diversidad.
El miedo a la deportación, la obligación a trabajar o la falta de documentación, entre las barreras que encuentran niños y adolescentes migrantes para acceder a la educación
En la dimensión de accesibilidad, que implica eliminar barreras económicas, físicas y sociales para el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, la política pública ha sido efectiva en términos formales. Sin embargo la experiencia cotidiana en las aulas revela una brecha entre el acceso garantizado por norma y la vivencia real del estudiante migrante. El clima escolar se deteriora por la discriminación sutil, los estigmas y la omisión docente ante comentarios xenófobos, que impiden una inclusión genuina.
Las dimensiones de aceptabilidad y adaptabilidad —referidas a la pertinencia de los contenidos y la flexibilidad pedagógica frente a las trayectorias estudiantiles— presentan los mayores rezagos. El investigador Bonilla considera que “los programas escolares aún responden a una lógica pensada para estudiantes nacidos y criados en Colombia, sin considerar las rupturas de aprendizaje, los contextos culturales diversos ni las experiencias de vida que trae consigo la migración”.
“No hay adecuaciones ni acompañamientos que reconozcan la experiencia migrante. La evaluación escolar ignora por completo las rupturas de aprendizaje que viven estos jóvenes. Además, muchos docentes no reconocen ni conocen la procedencia de sus estudiantes, y la falta de formación docente y la rigidez curricular profundizan las brechas que enfrentan los estudiantes migrantes en el aula”, advierte.
La investigación introduce además el concepto de “polivictimización” para describir las múltiples formas de discriminación que se pueden acumular sobre un mismo estudiante, no solo por su condición de migrante, sino también por su orientación sexual, discapacidad, género o situación socioeconómica. Esta superposición de violencias refuerza el riesgo de abandono escolar y afecta profundamente la salud emocional y el sentido de pertenencia de estos jóvenes.
“Permitir la matrícula no es suficiente si el sistema educativo no se transforma a fondo. Aunque los docentes reconocen que la llegada de estudiantes migrantes ha evitado el cierre de cursos y la pérdida de recursos, su presencia no ha venido acompañada de cambios estructurales”, señala el investigador.
Garantizar una educación de calidad para esta población requiere repensar el aula, el currículo y el rol docente desde una perspectiva de diversidad. El magíster Bonilla insiste en que los protocolos de atención existentes deben dejar de ser letra muerta y convertirse en herramientas vivas, conocidas y aplicadas por toda la comunidad educativa.
