El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), y el Gobierno de Canarias han firmado un Protocolo General de Actuación con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las erupciones volcánicas en la región. Concretamente, el centro IDAEA elaborará mapas de riesgos, con las áreas que podrían verse afectadas en caso de una nueva erupción volcánica.
El acuerdo, firmado por el Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa Montero, y el Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina, establece una colaboración estrecha entre ambos organismos para prevenir y mitigar los riesgos derivados de la actividad volcánica, facilitando el intercambio de conocimientos entre la comunidad científica, que posee un profundo entendimiento de los procesos naturales y geológicos, y los gestores y técnicos de emergencias, responsables de la toma de decisiones y la actuación sobre el terreno.
Joan Martí Molist, investigador del IDAEA-CSIC y responsable del proyecto, ha señalado que este nuevo protocolo “supone integrar los resultados de la investigación científica sobre la actividad volcánica con la gestión de emergencias, promoviendo un diálogo esencial entre las personas expertas y las responsables de Protección Civil, que permite tomar decisiones informadas, optimizando la planificación y la resiliencia ante los riesgos volcánicos”.
Nuevos mapas de riesgo por erupción volcánica
Entre las acciones acordadas en esta colaboración se incluye la elaboración de mapas de peligrosidad volcánica de las islas Canarias, desarrollados por el Servicio de evaluación y gestión de riesgos naturales (NRAMS) del IDAEA-CSIC. Estos mapas, que ofrecen una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, son una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación.
Además, el protocolo contempla la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, la formación de personal técnico e investigador, así como la organización de jornadas y seminarios sobre la reducción del riesgo volcánico.
La erupción volcánica de La Palma en 2021 reveló avances en la coordinación entre organismos y la aplicación del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Sin embargo, también mostró la necesidad de mejorar aspectos como la transmisión de datos de las redes de observación al Comité Científico durante emergencias, el fortalecimiento del conocimiento científico sobre fenómenos volcánicos y la creación de protocolos específicos para el seguimiento de erupciones. Marta López-Saavedra, investigadora del IDAEA y miembro del servicio NRAMS, subraya, además, cómo esta erupción evidenció “la falta de concienciación pública sobre los riesgos volcánicos y la necesidad de integrar una perspectiva multi-riesgo en los planes de emergencias, considerando posibles interacciones con otros peligros como terremotos, tsunamis o desprendimientos”.
El Protocolo General de Actuación firmado entre el CSIC y el Gobierno de Canarias aborda estas necesidades, potenciando el apoyo mutuo en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas para mejorar la cartografía del peligro volcánico en Canarias.
