El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo del PP y Ciudadanos, la ley que revierte los recortes educativos introducidos por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 14/2012. La ley llega tras ser votada en el Senado como proyecto de ley donde se incluyó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el artículo único, que ha sido hoy rechazada por el Pleno.
Previamente, el pasado mes de diciembre, fue aprobada como proyecto de ley en el Congreso sin ningún voto en contra y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Ciudadanos. En esa fase de la tramitación, la Cámara Baja aprobó una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
“Con la aprobación de esta ley se hace mucho más que revertir los recortes educativos. Se salda una deuda con el profesorado y las familias”, ha destacado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, esta mañana durante su intervención en el Congreso.
“Es de justicia revertir estos recortes porque redundan en la mejora de la educación española y en la mejora de la sociedad”, ha resaltado la ministra y portavoz del Gobierno. “Agradezco a los profesores y profesoras su dedicación, porque han soportado durante la crisis unas condiciones muy duras y han conseguido mantener la calidad del sistema”, ha recalcado Celaá.
La nueva norma, desarrollada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.
El proyecto de ley –denominada ‘de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria’– fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre. Se trata de una ley ordinaria con artículo único. El 15 de noviembre el Congreso aprobó por mayoría su tramitación directa y en lectura única.
La ley expone que, puesto que las medidas del Real Decreto Ley se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.
El texto aprobado por el Congreso establece que las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en centros públicos, recomendándose, con carácter ordinario, un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE.
Ratios
En cuanto al mantenimiento de las ratios que estipulaba el Real Decreto Ley 14/2012, la norma revierte esa medida, puesto que tendría un alto impacto en la garantía de los estándares de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con la elevación del número de alumnos por aula, según recoge la ley.
Respecto a la tercera medida que contempla revertir la norma, la referida al periodo de sustitución transitoria de los docentes, pasará de 10 días a ser una sustitución inmediata desde el momento de la baja del titular.
La derogación de este plazo de 10 días entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. Las otras dos medidas entrarán en vigor para el curso 2019-2020 por razones de planificación y organización del curso escolar.
Tramitación en los órganos consultivos
Antes de su tramitación parlamentaria, el borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP.
El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.
