El 70 por ciento de los estudiantes universitarios de Andalucía considera que la prueba de acceso a la Universidad (la PEvAU) debería ser uniforme en todo el territorio nacional, según se desprende la encuesta efectuada por el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación sobre el acceso a la universidad en la comunidad autónoma. Por su parte, la Región de Murcia ha vuelto a pedir al Gobierno que se implante una prueba única para todo el país.
La encuesta desvela que el 69,5% de los alumnos se muestra favorable a que se haga la misma prueba para toda España frente a un 20% que entiende que debería mantenerse como en la actualidad. Esta cifra se eleva hasta el 76 por ciento de la ciudadanía en general consultada también en esta encuesta y que considera imperativo que esta prueba sea igual para todo el país, en contraposición con el 12,4% de los ciudadanos que defienden que la antigua Selectividad se siga desarrollando en función de los criterios que establezca cada comunidad autónoma.
Este trabajo demoscópico realizado entre más de 1.200 ciudadanos de la comunidad autónoma revela también que para la mayoría de los andaluces las notas de corte de los distintos grados son excesivamente elevadas. Así lo considera el 51,6 por ciento de los encuestados frente a un 27% que cree que esas notas de corte son adecuadas y a un 12,6 por ciento que entendería que resultan demasiado bajas.
Qué ha desvelado la encuesta respecto a la oferta de títulos y criterios de acceso
En lo que se refiere a la oferta de títulos, más de la mitad de los encuestados (el 55,3%) considera que las universidades andaluzas tienen una oferta suficiente de títulos, mientras que casi el 19% la considera regular y un 17,7% la cree escasa. La opinión de los ciudadanos se encuentra más dividida cuando se les pregunta si la información que se ofrece acerca de las titulaciones que se ofertan en la comunidad autónoma les resulta suficiente. En este caso, un 33% considera que no se está ofreciendo información bastante, frente a un 30% que no reclamaría más información al considerarla aceptable.
En cuanto a los criterios para acceder a la universidad, los resultados ofrecidos por el CENTRA arrojan que uno de cada cuatro andaluces entiende que las capacidades y habilidades profesionales del alumno deberían constituir el criterio principal para acceder a la enseñanza superior. En este sentido, el 20,3 por ciento considera que debería basarse en las notas de los últimos cursos de bachillerato y un 15 por ciento que el criterio principal debería ser la vocación del alumno. Solo el 8,1 por ciento considera que el criterio tendría que ser la nota de la PevAU.
Esta cuestión arroja resultados más amplios cuando se pregunta a los estudiantes qué se tendría que valorar más para elegir los estudios universitarios. En este sentido, las capacidades y habilidades para desarrollar una determinada profesión es la opción mayoritaria entre el alumnado (30%), seguido de la vocación (22,5%), porcentajes muy por encima de quienes consideran que debería valorarse la nota en los últimos cursos de bachillerato o en los módulos (14,5%) o las notas de la PevAU. Un aspecto clave que detalla la encuesta resalta que el 43,3% percibe que el acceso universitario para los jóvenes está vinculado al nivel económico familiar, contrastando con el 39,7%, que tiene la visión contraria.
Y en cuánto a las opciones de estudiar en Andalucía
Cabe destacar también que el 57,1% considera que Andalucía brinda bastantes o muchas opciones para estudiar en la región, a su vez el 43,6% cree que existen suficientes oportunidades para estudiar la carrera deseada en la misma provincia. Un interesante debate se presenta también en este trabajo demoscópico en cuanto al papel de las administraciones públicas en la enseñanza universitaria, donde el 38,5% aboga porque éstas la garanticen para todas aquellas personas que la soliciten, mientras que el 26,1% discrepa frontalmente con esta postura.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía encargó al CENTRA un estudio sobre las universidades andaluzas con el fin de incorporar sus conclusiones en la estrategia universitaria y en la futura ley de las universidades andaluzas. El objetivo de dicho encargo era conocer la opinión de los grupos de interés acerca del sistema universitario en Andalucía, profundizar en las necesidades de la comunidad universitaria, comprender la situación actual de los profesionales y también la del alumnado. El trabajo de campo se desarrolló el pasado mes de marzo mediante la realización de nueve grupos focales y 2.400 entrevistas online, de las que 1.218 se realizaron aleatoriamente entre la ciudadanía y 870 entre la comunidad universitaria (alumnos, profesores e investigadores y personal de administración y servicios).
Murcia también pide una prueba de acceso común para todo el país
El Gobierno de la Región de Murcia ha reclamado al Ministerio, una vez más, una EBAU unificada a nivel nacional “que garantice la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes del país”, según defendió la secretaria general de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, Carmen María Zamora, quien participó en la reunión de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, organizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid.
“La Región de Murcia siempre ha defendido, desde que se plantearon los cambios, el mantenimiento del modelo de EBAU actual”, explicó Zamora, quien indicó que “de nuevo, el Ministerio vuelve a traer este asunto a una Comisión, ya que el pasado mes de agosto lo tuvo que dejar sobre la mesa debido al inminente inicio del curso escolar, sin tener directrices claras sobre la modificación de esta prueba”.
Desde la Región de Murcia no se comparte el modelo de prueba de madurez competencial que quiere implantar el Ministerio “por la subjetividad que esta prueba representa, por la disminución de exigencia en cuanto a contenido y el riesgo que supone no contar con una prueba unitaria a nivel nacional”, recordó Zamora, quien apostó por “una prueba que cuente con el máximo consenso por parte de las comunidades autónomas y las universidades, así como con la garantía y seguridad jurídica necesarias”.
