Crue Universidades Españolas ha afeado a los partidos políticos que en esta campaña electoral apenas se haya hablado de la Universidad, a pesar de ser «un elemento central de la estrategia de desarrollo social y económico de España». Por ello, «ante este desinterés, los rectores y rectoras tomamos la palabra para proponer una hoja de ruta estratégica que incluye tanto las grandes reformas legislativas como las acciones políticas concretas y urgentes que se deben emprender».
Así, las universidades españolas consideran que el Sistema Universitario Españal necesita «sin más demora», poner en marcha las siguientes propuestas:
1. Nueva ley de universidades. Desde la aprobación en 2007 de la modificación de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, no se ha producido ninguna reforma de calado en la legislación básica del sistema universitario. En septiembre de 2018, Crue solicito al Parlamento la promulgación de una nueva ley universitaria que, desde la confianza de las administraciones públicas, permita afrontar los retos actuales. Los dos principios fundamentales sobre los que debe articularse son que exista un amplio respaldo de las fuerzas parlamentarias, para que la nueva norma tenga la estabilidad que la Universidad precisa para planificar su futuro y que exista una autonomía «real» para adaptarse a un entorno global en continuo cambio. «Siguiendo la tendencia de los países más avanzados, es necesaria una reforma de la gobernanza que otorgue más flexibilidad y margen de actuación a las universidades para poder especializarse y diferenciarse –garantizando la calidad de sus estudios– si lo consideran necesario. Aunque la Constitución consagre la autonomía universitaria como un principio fundamental del SUE, la realidad es que el equipo de Gobierno del rector apenas tiene capacidad y recursos suficientes para seleccionar personal y atraer talento, ni para desarrollar plenamente sus programas de gestión y política universitaria. La universidad española necesita cambiar de un modelo de gobierno administrativo colegiado a uno profesional y ejecutivo, como ya ocurre en los países de nuestro entorno», explican.
2. Financiación asegurada del SUE. Las universidades españolas siguen sin recuperar los niveles de financiación de 2008. «Mientras que España respondió a la crisis del último decenio recortando en Educación, los países de nuestro entorno hicieron lo contrario y aumentaron los recursos destinados a la Universidad. Esa brecha de financiación es hoy en día mucho mayor que antes de la crisis y, a largo plazo, un suicidio para la sociedad española. Si queremos que las universidades sigan siendo motor de progreso social, debemos considerar la Educación como una inversión y no como un gasto que recortar en tiempos de crisis». Por ello, Crue considera que el SUE requiere con urgencia mayor financiación por parte de las Comunidades Autónomas y una nueva ley de Mecenazgo que incentive el apoyo a las actividades de transferencia e investigación desarrolladas por las universidades.
3. Aumento y estabilización de las plantillas universitarias. Una de las primeras consecuencias de la crisis fue la práctica paralización de las políticas de incorporación y de promoción de docentes, investigadores y personal de administración y servicios. La siguiente ha sido el envejecimiento de las plantillas. «Es urgente facilitar cambios normativos para desarrollar políticas de personal que, articulándose en el concepto de carrera profesional, fortalezcan la excelencia de nuestras escuelas y facultades, cuiden el talento propio y atraigan el del exterior». Para ello, creen necesaria la plena reposición de las plantillas y estabilización de las plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades estratégicas de la Investigación; aprobar un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) que incentive la carrera investigadora y revisar las graves consecuencias económicas que puede suponer para las universidades el recién aprobado Estatuto del Personal Investigador en Formación; revisar los criterios de evaluación y acreditación del profesorado para hacerlos más acordes con la realidad y necesidades del SUE.
4. Mejora de la docencia, ya que «la Universidad es del conjunto de los ciudadanos, que ha confiado en ella como la gran palanca de progreso de todo el país». Concretamente, para la mejora de la Universidad española, piden la modificación del Real decreto 420/2015 de creación e implantación de universidades para adaptarnos mejor a los estándares internacionales; revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y másteres en orden a un mayor ajuste con las demandas sociales y del tejido productivo; revisar la evaluación de la docencia para revalorizarla, tal y como se ha venido haciendo con la Investigación.
5. Apoyo decidido a la Investigación, Transferencia e innovación. Las universidades realizan más del 60% de la Investigación que se lleva a cabo en España. «Necesitamos no solo una mejora de la financiación de la I+D+i, sino de la carrera del investigador y de la normativa de gestión de la Investigación. Para ello, proponen financiar las convocatorias estatales de Ciencia con planes plurianuales y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no con fondos estructurales, que deben ser adicionales y no sustitutivos, porque fueron pensados para paliar diferencias entre regiones; respaldar la contratación de licencias nacionales con los principales editores de recursos científicos y apostar claramente por la difusión en abierto de la producción científica (Open Science); clarificar el tratamiento contable de los gastos vinculados a proyectos de Investigación y establecer un procedimiento de justificación por módulos».
6. Defensa de la igualdad de oportunidades y derechos de los estudiantes. «La Universidad ha sido el gran ascensor social de este país. Pero la actual política de becas y ayudas a los estudios no garantiza que nadie quede excluido del acceso a los estudios superiores por razones exclusivamente económicas. Igualmente, es necesario revisar aquellas normas que, a la postre, pueden suponer un perjuicio para los alumnos. Para que esto no suceda, necesitamos: aumentar las becas y ayudas a los estudios; reducir los precios de las matrículas públicas; revisar la nueva normativa sobre cotización de prácticas académicas externas y becas de colaboración para evitar a las universidades un coste inasumible y una disminución en el número de prácticas ofertadas por empresas e instituciones .
7. Mejorar la gestión universitaria. «La burocracia es necesaria. Pero no puede convertirse en un lastre para el desempeño de las universidades. Por ello, es necesario: adaptar la nueva ley de Contratos del Sector Público a las peculiaridades de la Investigación –vía modificación de la ley de la Ciencia– basándose en la confianza, eficiencia y responsabilidad de nuestros grupos de investigación; planificar una línea estable de apoyo a las infraestructuras, tanto para la contratación de personal especializado como para cubrir sus gastos de funcionamiento y mantenimiento; crear –al igual que en los Organismos Públicos de Investigación– las figuras de Personal de Apoyo y Técnicos especialistas de investigación en las universidades y nuevos perfiles profesionales especializados en dar soporte a la I+D+i, tales como gestores de proyectos, de calidad o de prevención de riesgos».
8. Impulso de la internacionalización de las universidades. «Tenemos el séptimo sistema universitario más equitativo del mundo y somos la décima potencia en producción científica. Pero todos los ránquines señalan nuestra baja tasa de internacionalización como uno de nuestros puntos más débiles. Para mejorarla, necesitamos: estrategia general de internacionalización de nuestras universidades bajo el enfoque de Marca España; potenciar las alianzas estratégicas con otros sistemas universitarios, como el portugués, e impulsar más titulaciones bilingües y programas internacionales como la Universidad Francia-España y la iniciativa Universidades Europeas que promueve la Comisión Europea; aumentar la cofinanciación del programa Erasmus + y la dotación de las becas a países de Iberoamérica».
9. Apoyo institucional a Crue Universidades Españolas. «Como asociación sin ánimo de lucro que representa la voz de la práctica totalidad de las universidades españolas, Crue debe tener presencia en: Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de innovación».
10. Transparencia y rendición de cuentas. «Los rectores y rectoras somos conscientes de la importancia de las medidas que reclamamos. Por ello, también ofrecemos realizar una presentación voluntaria ante las Cortes de un informe anual de la Presidencia de Crue Universidades Españolas para explicar los avances en la vida universitaria y los problemas de la universidad. Es nuestra obligación y nuestro deseo hacerlo».
