Crue Universidades Españolas ha trasladado al Ministerio de Universidades sus consideraciones a la consulta de este Departamento sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Las aportaciones de Crue se basan en su documento «Universidad 2030: Propuestas para el debate», consensuado por las universidades de Crue en un amplio proceso de consulta. El documento elevado al Ministerio contiene una batería de propuestas sobre financiación universitaria; docencia, investigación y transferencia del conocimiento; Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios, y gobernanza de las universidades.
Para Crue, la reforma universitaria tiene que dar seguridad jurídica a las universidades y recoger los elementos fundamentales que reflejen la visión, funciones y objetivos del Sistema Universitario Español (SUE), sin perjuicio de que, para completar el desarrollo normativo específico se remita a los reales decretos y reglamentos. Además, hace un llamamiento al Gobierno, grupos parlamentarios, legisladores y a la sociedad en general para que, de cara a la futura aprobación de la Ley, sean ambiciosos y desarrollen una normativa para que las universidades realicen sus funciones con eficacia, calidad y competitividad.
Crue considera que el nuevo marco legal debe ser general y estable, con poca regulación y mucha flexibilidad y opcionalidad y advierte de que, lo contrario forzaría a una homogeneización del sistema, que dificultaría el logro de objetivos por parte de las universidades. También sostiene que la nueva normativa debe recoger las necesarias condiciones de autonomía, financiación y rendición de cuentas, además de permitir a las universidades que desarrollen su misión y funciones en entornos diversos, competitivos, creativos, captadores de talento en igualdad de condiciones que las mejores universidades europeas.
Esta organización valora que la futura ley incorpore en el título el concepto de «sistema universitario» porque traslada la voluntad de legislar en todo el sistema, con toda su complejidad, pues está constituido por universidades de distinta titularidad (públicas y privadas), pero también de diferente tamaño, entorno socioeconómico y geográfico en el que desarrollan su actividad.
Modelo de gobernanza
Entre las propuestas enviadas al Ministerio, Crue sostiene que la gobernanza universitaria debe atender a cuatro principios: autonomía e independencia; calidad y excelencia académica; participación y compromiso social; y gestión eficiente. A juicio de Crue, estos cuatro pilares permiten, además de la necesaria flexibilidad a la que obliga la plena autonomía y capacidad de autogobierno de las universidades,plantear un mínimo grado de uniformidad para el sistema universitario público.
De entre las consideraciones relativas a los órganos de gobierno de las universidades públicas (claustro, consejo de gobierno, consejo de dirección, consejo social y rector o rectora), Crue defiende que este último órgano unipersonal, como máximo representante académico de la institución, debe pertenecer al Cuerpo de catedráticos y catedráticas de Universidad y contar con una carrera académica y de gestión universitaria consolidada; con unos requisitos mínimos de docencia, investigación, transferencia. Además, plantea que los rectores y rectoras sean elegidos por un mandato único de seis años, no pudiendo ser reelegidos o reelegidas para dos mandatos consecutivos.
Financiación pública en el 1% del PIB
Con el fin de mantener políticas de igualdad de oportunidades en todo el sistema universitario, Crue plantea la necesidad de disponer de un modelo de financiación de referencia estatal que ayude a impulsar y ordenar el despliegue de los sistemas de financiación universitaria autonómicos.
Además, propone referenciar la suficiencia de financiación pública de las universidades públicas españolas en el 1% del PIB nacional o de la comunidad autónoma e impulsar una financiación que incentive la consecución de resultados docentes e investigadores, estableciendo unas normas básicas estatales que deben cumplir los modelos autonómicos. Para Crue, el nuevo marco debe establecer planes plurianuales de financiación básica, acordados por la administración autonómica y las universidades públicas, y transformar de forma progresiva las subvenciones en transferencias.
En su batería de propuestas, Crue indica que otra posible línea de financiación complementaria de las universidades públicas puede ser el acceso a fondos privados sin que limite la autonomía universitaria. También señala los contratos programa como un instrumento para corregir las ineficiencias que puedan existir en las universidades e incentivar mejoras en objetivos estratégicos.
Sobre la fiscalidad de las universidades, sean del tipo que sean, Crue apunta que no debería ser objeto de consideración en una ley orgánica y que los poderes ejecutivo o legislativo disponen de instrumentos más apropiados. En cualquier caso, defiende que debe considerarse la educación en su conjunto, y la Educación Superior en particular, un «bien público» para la ciudadanía, un hecho que debería ser determinante para que no se aplique una fiscalidad distinta a la actual.
Mejora de la oferta formativa
En materia de docencia, Crue cree necesario flexibilizar, racionalizar y mejorar la oferta formativa para responder a las demandas actuales y futuras del estudiantado y de la sociedad; establecer currículums más abiertos e incentivar su certificación y acreditación; contemplar la ordenación de enseñanzas integradas (estudios de Grado y Máster para acceder a ciertas profesiones); promover y facilitar titulaciones conjuntas de carácter nacional y transnacional y másteres duales.
Los rectores y rectoras de Crue quieren que la ley garantice la calidad de la oferta de enseñanzas a distancia y de los modelos híbridos o de presencialidad adaptada y establezca la presencia física en el campus como elemento esencial en el proceso de aprendizaje en la mayoría de las universidades. Todo ello, sin perjuicio de que la digitalización y la educación a distancia continúen desarrollándose e integrándose como una herramienta de valor añadido.
Investigación: Coordinación entre la LOSU y Ley de Ciencia
Crue advierte de que la LOSU debería hacer referencia a la Ley de la Ciencia y establecer, en coordinación con ella, el desarrollo de una actividad investigadora en las universidades más intensa y competitiva. Para ello, plantea una nueva línea de financiación basal de carácter estatal para todas las destinada exclusivamente a la investigación de las universidades; un modelo de captación de talento investigador y carrera académica en las universidades, donde la investigación tenga un peso importante, y estructuras organizativas mejor adaptadas al desarrollo de la actividad investigadora con masa crítica suficiente.
También considera necesario establecer un marco para las relaciones entre universidades y diferentes agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, mediante la eliminación de trabas normativas y el impulso de espacios colaborativos; incentivar los doctorados en cotutela internacional, y promover la Ciencia Abierta, entre otras propuestas.
Transferencia: La universidad, como una pieza más del territorio
Esta asociación sostiene que es imprescindible integrar a la universidad como una pieza más de la comunidad y del territorio en el que se genera el conocimiento. Con este objetivo considera que desde la LOSU se debería consolidar el sexenio de transferencia para el PDI de las universidades públicas e incorporar el «tramo de transferencia» como equivalente en la valoración del PDI de las universidades no públicas, para poner en valor esta misión de la universidad y equipararla a la docencia y la investigación en la carrera académica.
Asimismo, Crue señala la necesidad incentivar el emprendimiento y la implicación de la universidad con el territorio y el tejido social; estimular la creación de empresas de base tecnológica, mediante fórmulas para la participación e incorporación del PDI incluso a la dirección de estas; facilitar la relación universidad-empresa mediante la creación de entornos y estructuras organizativas especializadas en innovación y transferencia, e incentivar y reconocer la difusión social del conocimiento a través del fomento de la divulgación científica y la ciencia ciudadana.
