Rumí participó en el curso de verano ‘Una visión global del empleo en tiempos de crisis’ con una ponencia titulada “Políticas de austeridad y eficiencia en la administración general del Estado’. Esas políticas que ya está aplicando el Gobierno –la Secretaria de Estado para la Función Pública las ha ido desgranando después una a una-, se relacionan, ha apuntado Rumí, de forma indirecta pero importante con la creación de empleo. “Todos los Estados estamos siendo escrutados por los mercados financieros y la contención del gasto es cuestión de supervivencia. No sólo hay que fijarse en Grecia. También en Irlanda o ahora en Italia, que ha sido puesta igualmente en el disparadero. La situación es muy seria y requiere medidas inequívocas”, señalaba.
La Secretaria de Estado destacó que la eficiencia demostrada en las políticas públicas está jugando a favor en un momento de contracción presupuestaria y que eso asegura poder seguir prestando servicios públicos de calidad. Rumí reconoció que la crisis ha obligado a recortar el presupuesto de manera drástica y a implantar medidas de ahorro que sustituyan sistemas tradicionales por otros más eficientes. Esto ha significado “hacer más con menos y hacerlo posible”.
En ese sentido, apuntó que la Administración debe ser más robusta y más eficiente y gastar sus fondos con criterios de máxima rigurosidad. “La Administración pública es el corazón del Estado, no es un monstruo que malgasta el dinero de los ciudadanos”, dijo.
Rumí ha señalado, igualmente, que “quienes hablan de disminuir el peso del Estado, hablan de ampliar espacios para que entre el mercado”. También, que “el estado del bienestar no cierra por las tardes, debemos ser conscientes de las consecuencias que conllevan cada una de estas opciones”.
Entre las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora, la Secretaria de Estado para la Función Pública ha hablado de la reducción salarial en 2010 y la congelación salarial en 2011 para los funcionarios, de la tasa de reposición de efectivos cifrada en un 10% en términos generales y en un 15% para la educación y ayuntamientos, de la disminución de altos cargos y del desarrollo de la administración electrónica, entre otros.
