Entre las 94 mujeres andaluzas que recibirán indemnizaciones por las represalias que sufrieron durante el franquismo hay cinco almerienses. Esta mujeres vivieron en sus propias carnes el escarnio del régimen, se vieron sometidas a humillaciones y vejaciones, principalmente el rapado de su cabello. Estas indemnizaciones concedidas por la Consejería de Gobernación y Justicia servirán para reparar de alguna manera la humillación por la que pasaron estas mujeres.
Hasta el día de hoy, en el que expira el plazo de presentación de solicitudes, se han reci-bido en el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica 206 solicitudes, a las que podría sumarse alguna más que se presente hoy mismo, que se haya registrado en algún ayuntamiento u otra institución o que se hayan enviado por correo dentro de plazo y que aún no hayan llegado a los servicios centrales de la Junta.
Estas 94 mujeres tendrán el derecho a percibir una cuantía de 1.800 euros en concepto de indemnización. En cuanto a su distribución provincial, cinco corresponden a la provincia de Almería, seis a Cádiz, 34 a Córdoba, seis a Granada; siete a Huelva, otras tantas en Jaén, mientras que en Málaga se han concedido un total de 14 y en Sevilla 15.
Por otra parte, 50 de las solicitudes presentadas están pendientes de estudio y se ha so-licitado documentación anexa. Y se han denegado hasta el momento 25 solicitudes por no cumplir la condición política de andaluza en los términos que establece el art. 5.1 del Estatuto, es decir haber estado censado en la comunidad autónoma cuando se produjeron los hechos. Otras 37 han sido denegadas porque las peticiones se refieren a familiares.
Las indemnizaciones pretenden resarcir hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950.
Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la inmensa mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas han podido presentar hasta hoy cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas están siendo revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que forman parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.
