Estrasburgo acogió este pasado miércoles 27 de noviembre la cuarta edición del Día Europeo de las Empresas de Economía Social, promovido por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) para reconocer la importancia de este sector y darle mayor visibilidad.
Coincidiendo con esta jornada, a la que asistió el nuevo comisario de Empleo, Nicolas Schmit, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, presentó la publicación “La Economía Social en el Mediterráneo”, coordinada por Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, y editada por Cajamar. En el acto participaron asimismo el presidente del Comité Económico y Social Europeo, Luca Jahier; la responsable de Economía Social de la Comisión Europea, Ulla Engelmann; y la secretaria de Estado de Empleo en funciones del Gobierno de España, Yolanda Valdeolivas.
En la presente edición del Día Europeo de las Empresas de Economía Social, el Gobierno de España tuvo un protagonismo especial, ya que en 2020 releva al Gobierno Francés en la presidencia del Grupo de Estados miembros que apuestan por el desarrollo y fomento de la Economía Social, grupo en el que participan 14 países.
En esta celebración se dieron cita altos representantes de las Instituciones Comunitarias, Gobiernos y representantes de la Economía Social europea. Por parte del Gobierno español, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, destacó que este día es muy importante para España, ya que “asumimos la presidencia del Comité de Seguimiento de los Gobiernos de la UE comprometidos con la Economía Social”. “Es una gran responsabilidad que asumimos con ilusión y que si bien va a seguir una línea de continuidad con lo iniciado por el Gobierno Francés, se diseñarán nuevas actuaciones para visibilizar y desarrollar la Economía Social como pilar fundamental de la construcción de Europa, por su contribución a la cohesión social, económica y territorial”, afirmó Valdeolivas, que en Estrasburgo estuvo también acompañada por la directora general de Economía Social, Mª Antonia Pérez León.
Además, intervinieron en el acto el Comisario de Empleo, Nicolas Schmit; el presidente del CESE, Luca Jahier; la presidenta de la sección de Mercado Único, Producción y Consumo del CESE, Ariane Rodert; la Jefa de Unidad de Economía Social de la Comisión Europea, Ulla Engelmann; el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y el Alto Comisionado de Economía Social del Gobierno de Francia, Christophe Itier.
Declaración de Estrasburgo
El acto finalizó con la lectura de la Declaración de Estrasburgo, como hoja de ruta para situar a la Economía Social en la agenda de la nueva Legislatura Europea. La Declaración enumera prioridades para el desarrollo de la Economía Social a través de una iniciativa política global y coherente, que se centre en una serie de demandas históricas del sector, junto a algunas nuevas:
- Dar orientaciones a los Estados Miembros sobre los valores comunes que definen las empresas de Economía Social, y apoyarles en la elaboración de políticas públicas eficaces.
- Integrar las empresas de Economía Social en todas las políticas de mercado único y relacionadas con el emprendimiento y las pymes, asegurándose que estas políticas tengan en cuenta las especificidades de las empresas de Economía Social.
- Desarrollar un ecosistema financiero apropiado, promover las inversiones estratégicas en proyectos de Economía Social innovadores y sostenibles e identificar a la Economía Social como una prioridad de los programas de financiación de la Unión Europea
- Asegurar que las empresas de Economía Social se beneficien de la transición digital, integrando a la Economía Social en el mercado único digital.
- Sensibilizar, mejorar la visibilidad y el reconocimiento promoviendo estadísticas oficiales sobre la situación de la Economía Social en toda Europa
- Garantizar la participación de la Economía Social en el diseño del Semestre Europeo
- Apoyar a los poderes públicos para integrar la Economía Social en todos los niveles de enseñanza del sistema educativo
- Velar para que todas las Instituciones públicas a nivel local, regional, estatal y europeo incorporen procedimientos de contratación pública socialmente responsable
