Recientemente se conocía que ramblas y sierras de Almería figuraban entre los 52 espacios ambientales andaluces declarados Zonas Especiales de Conservacón (ZEC). Sin embargo, esta buena noticia puede tener una componente negativa si la Unión Europea decide sancionar a España y pedirle la devolución de las ayudas recibidas por el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Red Natura.
Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, advierte de las posibles consecuencias económicas negativas que acarrea el expediente abierto a España por la Comisión Europea. “De tales consecuencias han de responder, por supuesto, quienes en el ámbito de sus competencias han hecho las cosas mal o se han saltado las normas legales, que exigen el cumplimiento de determinados procedimientos y garantías para el ciudadano”, asegura.
“La consecuencia de un expediente de infracción podría ser la exigencia de devolución de las ayudas ya percibidas, o la negación o reducción de las futuras”, alerta Pilar Martínez.
El expediente abierto, después de una “carta de emplazamiento” enviada por la Comisión Europea al Ministerio de Asuntos Exteriores, también abre la posibilidad de una sanción económica.
Ante la aprobación de la declaración de 52 nuevas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en las ocho provincias andaluzas, entre las que se incluyen sierras y ramblas de Almería, Pilar Martínez recuerda que los planes de gestión deben cumplir los requisitos exigidos por la normativa europea e incide en que son muchos los incumplimientos que se han producido y se siguen produciendo en la elaboración de los Planes de Gestión de Red Natura, su definición territorial, el análisis de las necesidades reales de conservación o la repercusión para el desarrollo de la zona.
“En la mayoría de estos planes se hace recaer exclusivamente sobre las economías y patrimonios de los particulares la carga de la conservación, mientras que las ayudas y subvenciones que han venido de Europa, se reparten entre los movimientos ecologistas”, sostiene la abogada, quien añade: “Es evidente que el primer coste de la conservación es el de compensar e indemnizar a aquellos que, en beneficio de toda la sociedad y a fin de contribuir a la defensa del interés público de la conservación, ven restringido hasta límites inimaginables el uso de sus propiedades y sus derechos como dueños, llegando incluso a impedirles la libre circulación por sus fincas, muchas de las cuales, constituyen el único medio de vida y sustento de los afectados y sus familias”.
Con 20 años de experiencia de Derecho Medioambiental, la letrada recuerda que la Directiva Hábitat no solo establece unos criterios de conservación, sino que también exige la previsión de alternativas y planes de desarrollo sostenible para las zonas a las que afecta. “La desgraciada realidad es que tales planes de desarrollo sostenible no existen o, en caso de existir, no pasan de ser mera retórica de futuribles que, hasta el momento no han llegado a producirse”, asegura Pilar Martínez.
Finalmente, la letrada asevera: “El coordinar ambos intereses, la conservación necesaria y el imprescindible desarrollo y crecimiento de los pueblos requiere un examen profundo y riguroso de las necesidades en ambos aspectos, lo que no se ha hecho hasta ahora”. En este sentido, añade: “Las decisiones poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones, pueden suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural en un amplio territorio español y esto no es lo que propone la Directiva hábitat”.
