El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha rechazado el plan de financiación estatal anunciado por el presidente Pedro Sánchez para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que se articula a través de un programa para incorporar a 3.400 profesores ayudantes doctores a las universidades públicas, al tiempo que ha reiterado que el Gobierno debe asumir en su totalidad los costes íntegros derivados de la implementación de esta normativa estatal y no hacerlos recaer en las comunidades.
Villamandos ha criticado que el anuncio realizado por el Ejecutivo central «es una decisión unilateral adoptada sin previo consenso y al margen de las comunidades autónomas», recordando que, en la última reunión de trabajo celebrada el 4 de marzo, todas las regiones presentaron una propuesta de financiación de las plazas que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se comprometió a estudiar.
Sin embargo, «de la decisión final nos hemos enterado por la prensa y de ella se deduce que la alternativa planteada no ha sido aceptada», ha lamentado, para explicar que la ministra Morant sólo sufragará las dos terceras partes de la plantilla de nuevos ayudantes doctores que se iniciarán en el sistema público y que se corresponden con los 3.400 profesores anunciados. El tercio restante deberá ser asumido por las comunidades autónomas hasta alcanzar los 4.200 cuantificados inicialmente.
Pero el titular de Universidad ha advertido de que, además de ese tercio de las contrataciones, las regiones tendrán también que costear los salarios durante toda la vida laboral de esa plantilla al completo; es decir, de los 4.200 ayudantes doctores, una vez finalizada la duración de seis años de estos contratos. «El Ministerio habla de cubrir las plazas refiriéndose únicamente a costear el contrato, dando por hecho que la estabilización correrá a cargo de las comunidades», ha apostillado. La figura de ayudante doctor supone el inicio de la carrera de profesores e investigadores, ya que, transcurridos los años estipulados para esa relación laboral, estas personas acceden a otras modalidades laborales integradas en el Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades.
Por todo ello, Gómez Villamandos ha considerado que esa financiación supone «un sobrecoste insostenible e inasumible» para todas las instituciones académicas españolas y, en consecuencia, para las autonomías, una exigencia que se agrava para Andalucía, que ya sufre una infrafinanciación de 1.100 millones de euros anuales y pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación superior en relación a su PIB, según ha recordado.
Ante esta situación, desde Andalucía se exige al Gobierno central que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para que se acuerde un modelo de financiación «justo, proporcional y posible», ha remarcado.
El consejero de Universidad ha querido dejar constancia de que el plan de financiación del Gobierno central resulta «insuficiente y parcial», ya que sólo se centra en la dedicación del profesorado sin plantear soluciones al resto de aspectos que están implicados en el cumplimiento de este nuevo marco legal. Por eso, desde el Ejecutivo regional se ha pedido en reiteradas ocasiones al Ministerio que tenga una visión más global, que determine el coste total que supondrá la implantación de esta ley y que asuma su coste. De acuerdo con el estudio elaborado por los rectores, el compromiso financiero de la LOSU representa para el sistema público universitario andaluz una inyección adicional de 159,3 millones de euros, unos números que, a su juicio, «deberían servir de base para concretar la financiación necesaria por parte del Ministerio».
Para Gómez Villamandos, esta cuantía dista bastante de la partida que desembolsará el Gobierno con la contratación de los ayudantes doctores en el sistema universitario andaluz. «El Gobierno central tiene la responsabilidad de hacer frente a todas las exigencias financieras asociadas a la LOSU, que están más cerca de lo calculado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)».
