Andalucía planificará la oferta universitaria cada cuatro años y podrá revisarla cada dos

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El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, con el que la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado se planificará en la comunidad cada cuatro años, con posibilidad de que se
pueda revisar y actualizar cada dos.

José Carlos Gómez Villamandos es el consejero de Universidades que ha hecho posible este decreto.

Esta medida pretende alcanzar una mejora continua de las enseñanzas impartidas por el sistema universitario de la comunidad, favorecer una mayor adecuación al contexto socioeconómico y al tejido empresarial y elevar los niveles de inserción laboral de los egresados. El documento también contempla otras iniciativas como la priorización de los grados y másteres duales, de las enseñanzas internacionales y de los títulos con itinerario académico abierto, entre otras.

Qué mejoras hará posible el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias andaluz

Con la aprobación de este nuevo texto normativo, Andalucía contará por primera vez con una norma específica de carácter autonómico que reorientará el actual mapa académico hacia una oferta que permita una mayor calidad, racionalidad y eficacia de la educación superior universitaria.

La ausencia hasta ahora de una programación en la región ha producido una concentración de titulaciones en determinadas ramas de conocimiento, la proliferación de másteres y dobles títulos y la ausencia de grados que atendiesen a nuevas demandas, teniendo en cuenta que el actual catálogo está  obsoleto y no se ha podido actualizar desde 2010.

Cuándo se conocerán las nuevas titulaciones universitarias fruto de este decreto

Las nuevas titulaciones que se impartirán con los nuevos criterios se conocerán en la primavera de 2024 y se revisarán cada dos años. En la actualidad, las diez universidades públicas de Andalucía ofrecerán para el próximo curso 2023/2024 un total de 73.458 plazas y un catálogo de 1.500 títulos de grados y másteres.

La programación universitaria periódica que se contempla en el decreto se confeccionará a partir de las propuestas de las diferentes instituciones académicas y en ella se incluirán los títulos oficiales a implantar en ese periodo, con la correspondiente previsión temporal que se plantee.

Esa planificación deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, la estructura socioeconómica del territorio y su tejido productivo, así como las potencialidades y necesidades de su mercado laboral. En ese sentido, también establece que las universidades deberán prever y potenciar la existencia de servicios y unidades de orientación, inserción y promoción del empleo y del autoempleo, así como la participación de las empresas e instituciones en los sistemas de garantía de calidad de los centros universitarios.

Para incorporarse a dicha programación, a las nuevas enseñanzas universitarias se les exigirá, en el caso del sistema público universitario, una demanda real tanto por parte de la sociedad andaluza como del estudiantado, que habrá de fundamentarse adecuadamente en estudios y referentes externos.

En lo que respecta a la demanda de alumnos de nuevo ingreso se tendrá en cuenta la registrada en las titulaciones afines en los últimos años y, en el caso de las enseñanzas que estén previstas implantarse y
repitan la oferta existente en el sistema público universitario andaluz, se analizarán y aprobarán por separado y estarán condicionadas a cuestiones relacionadas con la demanda social. No obstante, el futuro decreto de ordenación otorga una consideración especial a aquellas titulaciones que, aun teniendo poca demanda, sean necesarias para responder a las exigencias del tejido económico y productivo del territorio en cuestión o de carácter estratégico desde el criterio del conocimiento.

Se buscará, igualmente, la complementariedad y el equilibrio territorial en la oferta para garantizar su sostenibilidad y evitar duplicidades y carencias significativas. Con esta condición se pretende introducir mecanismos de corrección para eliminar posibles desajustes con la demanda y actualizar el catálogo con carreras que respondan a necesidades objetivas de formación de la sociedad. De igual modo, plantea atender otros criterios como la suficiencia financiera y de recursos tanto de personal como de
infraestructuras y llama la atención sobre la necesidad de que el sistema universitario aborde cambios estructurales para adaptarse a una estrategia de internacionalización. 

Desde la óptica de la proyección exterior, las instituciones académicas tendrán que revisar sus políticas de ordenación académica determinando qué programas, dobles títulos, currículos, métodos docentes o actividades de I+D+I pueden ser más competitivas a escala global. Asimismo, se exige introducir criterios de reconocimiento profesional entre quienes acrediten el dominio de varias lenguas, establezcan redes académicas y fomenten alianzas estratégicas con otros centros de educación superior. También se reforzarán la movilidad y las estancias del personal docente e investigador fuera de España, así como la presencia de profesores e investigadores extranjeros en el territorio andaluz.

Grados duales, prioritarios

El decreto prioriza la creación de los grados y másteres duales y los de carácter internacional en el sistema universitario andaluz. Para ello, en este tipo de titulaciones se suavizarán los criterios exigidos con carácter general para el resto, flexibilizando las exigencias en materia de personal docente e investigador, de infraestructuras y dotaciones y de plazos para presentar la documentación.

Los grados y másteres con mención dual contemplan la posibilidad de que el estudiantado complemente su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución mediante un contrato de formación en alternancia, de acuerdo con la ley laboral. El porcentaje de créditos que se podrá desarrollar en la empresa o entidad empleadora oscilará entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% en el caso de los grados y entre el 25 y el 50% en los másteres. Esta medida tiene como finalidad favorecer la empleabilidad del estudiantado y su incorporación adecuada al tejido productivo y garantiza personal cualificado a sectores que lo necesiten, además de un acceso más fácil a un primer puesto de trabajo.

Por otro lado, en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura, el decreto también da prioridad a los grados con itinerario académico abierto, un tipo de iniciativa que permite escoger libremente asignaturas de diferentes títulos durante los dos primeros años de carrera, debiendo tener entre 60 y 120 créditos comunes a dos o más grados. Cuando finaliza este periodo, el estudiante tiene que continuar con una de las enseñanzas. También para ambas disciplinas se recoge el denominado ‘recorrido sucesivo’, que posibilita matricularse de un máster sin haber finalizado todos los créditos del grado que da acceso a dicha formación superior.

Otro de los programas que se regulará será el itinerario en los dobles grados. Se trata de una práctica que se viene realizando sin contar con la correspondiente regulación y procedimiento, situación que se clarifica con este decreto.

Esta norma se encargará, además de regular la programación universitaria, de adecuar los planes de estudio a esa programación y establecer los criterios para la implantación, modificación y supresión de los grados, másteres y doctorados. También evaluará la necesidad y viabilidad académica y social de las enseñanzas y recogerá los procedimientos para la verificación de los planes de estudios de las universidades. Hasta ahora, en Andalucía, este proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado a cabo tomando como referencia el marco estatal que era de aplicación.

Tramitación por la vía de urgencia

El Gobierno andaluz ha comenzado la tramitación del documento normativo mediante la vía de urgencia para implementar a la mayor brevedad posible los diversos procedimientos y medidas contemplados en su contenido. Previamente a su aprobación por el Consejo de Gobierno, el decreto ya ha contado con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía y se ha sometido a evaluación por parte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.