La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación está inmersa en la elaboración de la nueva Ley autonómica de universidades con el objetivo de que este texto normativo inicie el trámite parlamentario en el primer semestre del próximo ejercicio. Así lo anunció, el viernes, el consejero José Carlos Gómez Villamandos durante la apertura del curso académico de la Universidad de Cádiz (UCA), donde ha recordó que próximamente entrará en funcionamiento en el campus Bahía de Algeciras el nuevo Centro de Innovación UCA-SEA del Llano Amarillo, que la Consejería ha subvencionado con 4,5 millones de euros.
En su intervención, Gómez Villamandos subrayó que el futuro marco legislativo se adaptará a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque también apuntó que se está trabajando para poder “paliar, en el margen de actuación que disponen las comunidades, los efectos adversos generados por la normativa estatal”. Entre otras cuestiones, detalló que la futura ley permitirá poner en marcha medidas con el objetivo de facilitar que las universidades puedan contar con nuevo personal y con los procesos de acreditación necesarios para progresar en la carrera académica ya iniciada.
Asimismo, aclaró que se están dando los primeros pasos para elaborar la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que incorporará medidas dirigidas a que la inversión pública y privada en investigación acerque progresivamente a Andalucía a la media nacional y de la Unión Europea, así como a favorecer el incremento progresivo de la Compra Pública de Innovación. “Nos permitirá un mayor desarrollo económico a través del conocimiento, la innovación y la investigación”, ha aclarado. En este caso, la previsión es que el trámite parlamentario se inicie a lo largo de 2024.
El titular de Universidad también repasó “los compromisos cumplidos” en materia universitaria y de I+D+I durante su primer año de mandato al frente de la Consejería, en alusión a la aprobación del modelo de financiación, del decreto de ordenación de enseñanzas universitarias o el reglamento de nuevos agentes del conocimiento, entre otros. En ese contexto, puso de manifiesto que el nuevo instrumento que planificará la financiación del sistema público de educación superior “aportará certidumbre, autonomía y seguridad financiera a las instituciones académicas públicas y las hará más competitivas, modernas y eficientes en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza”. Según ha añadido, el documento recoge una cláusula de salvaguarda que contempla que “nunca recibirán menos dinero que el año anterior”. Este año 2023, en el que las transferencias de financiación han alcanzado los 1.620 millones, será de transición para el modelo, que contempla una inyección adicional de 14 millones para proyectos estratégicos y la última subida salarial adicional del 0,5% del personal del sector público.
Por otro lado, explicó que el decreto de ordenación de enseñanzas universitarias permitirá reorientar el actual mapa académico hacia “una oferta de mayor calidad, racionalidad y eficacia”. Este documento legal establece la planificación para cuatro años, revisable cada dos. En este sentido, el consejero ha hecho referencia a que, con este decreto, lo que la Junta hace es garantizar la igualdad de oportunidades en lo que se refriere a la oferta académica que van a ofrecer las universidades públicas y privadas. Además, puso de relieve que con este decreto “se corregirá la situación de desigualdad” que había, ya que antes las privadas podían ofertar los títulos que quisiesen, al contrario que las públicas, que se encontraban claramente limitadas. Cabe destacar que, en virtud de la citada igualdad de oportunidades, la implantación de cada título es validada por la misma agencia para la calidad científica y universitaria (ACCUA), tanto para los promovidos por las universidades públicas como por las privadas.
Además, apuntó que el nuevo reglamento de agentes del sistema andaluz del conocimiento posibilitará actualizar su clasificación y agilizará la acreditación. “Reforzará la innovación y la excelencia investigadora con la creación e incorporación de nuevas figuras que tendrán una incidencia muy positiva sobre los ecosistemas de I+D+I”, ha subrayado. Este reglamento incluye tres nuevos actores: los clústeres de innovación, los centros de innovación digital, así como las unidades de excelencia en investigación ‘Antonio de Nebrija’ y las unidades de investigación competitiva.
