La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación andaluza ha vuelto a exigir al Gobierno central que paralice la aplicación de la normativa que regula la obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares de alumnos universitarios y de Formación Profesional, aprobada recientemente a través del Real Decreto-ley 2/2003 publicado en el BOE de 17 de marzo. Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, durante la reunión que ha mantenido con la Comisión Sectorial de Empleabilidad de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), órgano que ha trasladado a la Junta de Andalucía su profunda preocupación sobre esta cuestión.
En este sentido, tras este encuentro, Ramón Herrera ha defendido que la Junta de Andalucía no está en contra de la inclusión en el sistema de Seguridad Social de ese estudiantado, sino de la metodología establecida, asegurando que la medida implicará “una importante carga de gestión añadida”, tanto para las administraciones autonómicas como para las universidades.
En el primer caso, porque éstas serán las responsables de tramitar las altas y las bajas de los alumnos de grados de Medicina, Enfermería o Magisterio durante la realización de las prácticas formativas y, en el caso de las universidades públicas andaluzas, porque estas instituciones, como responsables de los programas de formación, se encargarán de cumplimentar dicho trámite en las prácticas académicas externas. “No se ha optado por una fórmula que simplifique esos trámites, como hubiera sido dar de alta a los estudiantes en el momento de la matriculación, sino que ambos procesos se han desligado, por lo que conllevará una saturación de las labores administrativas”, ha apostillado.
Por todo ello, Herrera ha pedido que el Ministerio paralice la aplicación de la normativa, que entrará en vigor el 1 de octubre, y amplíe el plazo para que desde el punto de vista burocrático “se puedan cambiar los miles de convenios que hay en Andalucía”.
Por otro lado, ha calificado esta actuación de “sectaria” y ha añadido que “pone en peligro el gran logro del Plan Bolonia”, que introdujo precisamente la necesidad de realizar prácticas formativas en empresas para poder obtener el título de grado universitario con el fin último de mejorar la empleabilidad de los estudiantes y su consiguiente inserción laboral. “La normativa aprobada pone de manifiesto el desconocimiento de la universidad y de las prácticas”, ha lamentado, al tiempo que ha criticado que el Ministerio de Universidades haya estado “ausente” en todo este proceso.
Asimismo, ha alertado de la “gran preocupación existente entre la comunidad universitaria andaluza”, ya que la exigencia de incorporar a esos alumnos en el régimen general de la Seguridad Social tendrá repercusiones negativas en el tejido empresarial, “provocando una disminución en la oferta de este tipo de formación por parte de las empresas e instituciones”. El Ministerio, con esta premisa, “está poniendo en riesgo decenas de miles de prácticas formativas obligatorias de los estudiantes de Grado en Andalucía”, ha recalcado.
El secretario general ha recordado que el Gobierno central aprobó “a hurtadillas” esta medida en el Real Decreto-ley 2/2023 que recoge la reforma de las pensiones recientemente aprobada y no mediante el cauce establecido para ello que era el Estatuto del Becario. Este hecho, ha criticado Herrera, demuestra “la falta de diálogo” del Gobierno central con las comunidades autonómicas y las universidades españolas.
De igual modo, Herrera ha expuesto las medidas de admisión puestas en marcha por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. En este punto, Herrera ha destacado el incremento del 1% adicional de las plazas de nuevo acceso a los grados universitarios a personas en riesgo de exclusión social para el curso académico 2023-2024, “un porcentaje que se sumará a las plazas ya previstas para el curso próximo”.
