La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación andaluza ha consignado en sus presupuestos de 2025 una partida global de 59,2 millones de euros para dar cobertura a diversas iniciativas de apoyo al alumnado universitario que supondrán un importante ahorro para las familias y tienen como finalidad garantizar el acceso a la enseñanza superior en igualdad de oportunidades.
En este paquete de actuaciones de carácter social que aplica el Gobierno autonómico, la comunidad ha presupuestado para el próximo año una dotación de 43,6 millones para la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda. De esa manera, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis. Se trata de una ayuda que incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos y que garantiza la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior.
A esa cuantía se suman los 12,1 millones iniciales contemplados en las cuentas del próximo ejercicio para sufragar el complemento autonómico del programa de movilidad Erasmus+, que busca promover la movilidad académica de los estudiantes a través de estancias formativas en universidades europeas. Ese importe incluye el aumento del 5% ya aplicado desde el pasado año lectivo, lo que permite elevar la aportación de la Junta hasta los 473 euros mensuales por estudiante durante un máximo de nueve meses. La previsión de la Consejería es duplicar esa subida, hasta alcanzar el 10%, al final de la legislatura.
Para costear el complemento autonómico, la Consejería de Universidad consigna cada año, con carácter general, una partida inicial de en torno a esos 12 millones de euros, que transfiere a las universidades públicas andaluzas. Esa cantidad se completa, posteriormente, una vez que las instituciones académicas aportan a la Administración autonómica la información definitiva, algo que ocurre casi al final de las estancias del alumnado en el extranjero. Ese procedimiento, que suele afectar a dos años presupuestarios, eleva finalmente a unos 14 millones de media la cuantía global dirigida a dar cobertura a la movilidad internacional de carácter europeo cada curso. El complemento de la Junta añadido al concedido por el Servicio Español para la Internacionalización de Estudiantes (SEPIE) eleva la ayuda a más de mil euros en los casos de alumnos económicamente más desfavorecidos que se trasladen a países cuyo PIB son de los más elevados.
1,3 millones para las matrículas de los másteres habilitantes
Junto a estas dos medidas, las cuentas de la Consejería de Universidad también dedicarán 1,3 millones a cubrir la reducción del precio de la matrícula de los másteres habilitantes, que son obligatorios para el ejercicio profesional, igualándolo al coste del grado, pasando así de 13,68 a 12,62 euros. Esta actuación, que se repite por segundo año consecutivo, se encuadra en la política de precios públicos bajos que viene aplicando en los últimos años el Gobierno andaluz a las matrículas universitarias, lo que consolida a esta región entre las comunidades más asequibles del país para estudiar una carrera en el marco del sistema público de educación superior, junto a Galicia, Canarias o Asturias. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de no condicionar a los universitarios por razones económicas a la hora de elegir la titulación.
En virtud de esta rebaja de precios públicos, las instituciones académicas públicas continúan aplicando este curso los 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados y tampoco han subido los créditos de los másteres no habilitantes, que se congelan en los 13,68 euros.
El Ejecutivo autonómico también dotará para 2025 con 200.000 euros la línea de ayudas para el fomento y la acreditación de idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera. Los recursos que se otorgan ascienden a un máximo de 300 euros pudiendo tener el estudiante destinatario un máximo de dos ayudas, lo que equivale a la media de los gastos de matrícula y del curso de formación. Están dirigidas al alumnado que cursa sus estudios de grado en las universidades públicas con menor renta familiar o dificultades económicas.
La adquisición y acreditación de competencias lingüísticas del conocimiento de un idioma extranjero, al menos de nivel B1, es un requisito en todo el sistema universitario público andaluz para la obtención de un título de grado. Además, la competencia lingüística en una lengua extranjera es fundamental para la participación de los estudiantes en los programas de movilidad internacional en los que, con frecuencia, se requiere o se valora como mérito demostrar un determinado nivel de conocimiento en inglés o en la lengua de la universidad de destino. Asimismo, en el acceso a los estudios de máster, este factor es a menudo un requisito o se considera un mérito en los baremos de admisión.
A todo ello se añaden, igualmente, dos millones reservados para compensar al sistema público universitario por la parte de las becas al estudio que no cubre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Pago fraccionado y exención para la Renta Mínima de Inserción
Al margen de estas acciones, la Consejería de Universidad también lleva a cabo otras actuaciones de calado social que persiguen facilitar que los jóvenes andaluces desarrollen estudios de educación superior. Así, las distintas universidades públicas permiten abonar el importe de las enseñanzas que cursan los estudiantes de manera fraccionada hasta en ocho plazos. Con carácter excepcional, la Junta autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente, de manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.
En el caso de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción que concede la Junta de Andalucía se las exime, igualmente, el pago de matrícula. A esta batería de iniciativas se suman otras como la reserva para las personas en riesgo de exclusión social de un 1% del total de plazas que se adjudican en el conjunto del sistema público universitario y que se suma a la oferta global. De igual modo, se posibilita el acceso a la universidad mediante un cupo especial de aquellos jóvenes andaluces que se encuentren en acogimiento en centros o familias y hayan superado la Prueba de Acceso a la Universidad.
Garantía por ley la bonificación de estudios y la movilidad internacional
El anteproyecto de Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA), en cuya tramitación está inmersa la Consejería de Universidad, refuerza la protección de varias de estas medidas garantizándolas legalmente. Es el caso de la bonificación de los precios de la matrícula universitaria, que, por primera vez, se reconoce por ley que los alumnos tendrán derecho a un sistema de este tipo que permita blindar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se da cobertura a la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Consejería de Universidad. Esta novedad se aplicará tanto al actual complemento autonómico del Erasmus+ como a otras futuras líneas que puedan surgir en el sistema público de educación superior.
