La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación implantará un nuevo modelo de gestión de las ayudas destinadas al impulso de la I+D+I andaluza y al fortalecimiento del sistema andaluz del conocimiento que persigue la agilización y simplificación de los trámites y requisitos establecidos en los diferentes programas.
Con la reforma de la normativa reguladora de dichas convocatorias se pretende “dar, desde la Administración autonómica, una respuesta más ágil y eficaz a los agentes andaluces del conocimiento, acortando plazos y procedimientos en la financiación otorgada para apoyar sus líneas de actuación”, tal y como ha destacado el consejero José Carlos Gómez Villamandos en una reunión mantenida con los vicerrectores de Investigación de las universidades públicas andaluzas.
En el encuentro también ha participado el presidente de la sectorial de I+D+I de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez. Por parte de la Consejería, han estado presentes igualmente el secretario general de Investigación e Innovación, Pablo Cortés, el director general de Planificación de la Investigación, Librado Carrasco, y la directora general de Fomento de la Innovación, Nieves Valenzuela.
Esa renovación del marco legal se llevará a cabo en la nueva Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (EIDIA), Horizonte 2027, aprobada el pasado mes de junio y que sienta las bases de las directrices públicas autonómicas en I+D para los próximos seis años. Además, se ajusta a la política de simplificación administrativa ya iniciada por la Junta la pasada legislatura.
Gómez Villamandos ha asegurado que su departamento ya ha comenzado a trabajar en el diseño y redacción de las nuevas bases que regularán las futuras convocatorias de incentivos previstas en la EIDIA, contemplando esas medidas de agilización y eliminación de trabas burocráticas. “Nuestro objetivo es contar para ello con las aportaciones y sugerencias de los agentes receptores de las ayudas, entre los que se encuentran las universidades públicas, que son las principales destinatarias de esos recursos”, ha aclarado el consejero. Ese proceso se desarrollará a lo largo de este último trimestre, con el fin de que pueda estar culminado entre finales de 2022 y principios de 2023.
Cómo es el nuevo marco legal para la I+D+i andaluza
El nuevo marco legal sobre el que se está actuando se estructura en tres nuevas órdenes de base, que son los documentos que recogerán las directrices que marcan la concesión de los incentivos. Una de ellas se centrará en los recursos humanos e infraestructuras, otra en los proyectos de I+D y una tercera abordará las actuaciones de innovación y transferencia de conocimiento. En todas ellas se pretende simplificar las exigencias fijadas a los solicitantes y acortar los plazos de resolución de las diferentes líneas de incentivos.
Asimismo, se aprovecharán estos cambios normativos para programar un calendario anual “cierto y cerrado” de convocatorias, de manera que “las universidades y centros e instituciones de investigación puedan planificar con antelación sus actuaciones y sus prioridades”, ha incidido Gómez Villamandos.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha comenzado a trabajar en la orden de recursos humanos e infraestructuras, teniendo en cuenta que, con ese tipo de ayudas, dirigidas a apoyar la carrera investigadora desde el inicio de la formación hasta el desempeño profesional, se logra generar más tejido de ciencia. “Ésta es precisamente una de las prioridades establecidas en la EIDIA”, ha detallado el consejero.
Entre otros objetivos, la Estrategia tiene como finalidad impulsar la inversión, aumentar las personas dedicadas a la investigación y el porcentaje de empresas innovadoras andaluzas que cooperan con las universidades, así como mejorar la calidad de la producción científica.
En el capítulo de personal, la EIDIA plantea para 2027 que la comunidad disponga de 21.250 investigadores, lo que supone 2.500 personas dedicadas a esta materia por cada millón de habitantes. En 2020, estos recursos humanos sumaban 15.093, con una ratio de 1.780 personas por cada millón de habitantes. De igual modo, se busca reducir la brecha de género, elevando el porcentaje de mujeres investigadoras hasta el 44,8%, por encima de 39,4% de 2020.
Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha reiterado a los vicerrectores el compromiso del Ejecutivo autonómico para los próximos cuatro años con la I+D, la innovación y la transferencia de conocimiento.
