La “honda preocupación” que existe por algunos de estos temas ya se puso de manifiesto el pasado mes de mayo, cuando la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios hizo público un comunicado en el que mostraba su intranquilidad por el proceso de reformas emprendidas por el Gobierno y que afectan al ámbito universitario. Especialmente, el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, en lo relativo al aumento de tasas y precios públicos, al régimen de dedicación del profesorado y al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias, asuntos todos ellos que ya se están viendo al inicio de este curso 2012/13.
Según explicó, ayer, la Secretaria general de la UAL, María Luisa Trinidad, ya se están registrando escritos de estudiantes que piden, en algunos casos, “la anulación de una matrícula para que les cuente un suspenso menos” porque no pueden afrontar su coste. Trinidad vaticinaba que los defensores universitarios van a tener “mucho trabajo” en los próximos meses por cuestiones parecidas. “El problema fundamental es que han cambiado las reglas de juego a mitad de partido. No sé si el Gobierno es consciente del gran problema que nos va a provocar a las universidades por el desconcierto generado también entre los estudiantes, que empezaron con unas expectativas en su matrícula y ahora deben cambiarlas”, apuntaba Trinidad a preguntas de los periodistas. Antonio Pulido, defensor universitario de la Universidad de Almería ha explicado también que las quejas que se tramitan en la Oficina del Defensor Universitario corresponden, en su gran mayoría, a alumnos.
El Defensor Universitario, como así contempla la LOU (Ley Orgánica de Universidades) es una figura fundamental para velar por el respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios y simboliza la mediación entre los Consejos de Gobierno de las Universidades, el Claustro y los alumnos.
