Para quienes nos dedicamos al estudio de los períodos más recientes de la Historia de España, el tema de la represión franquista suscita un gran interés en tanto que permite ampliar, profundizar y completar el conocimiento existente sobre el régimen implantado tras la intentona golpista de 1936 y la cruenta guerra civil desatada como consecuencia de la misma. En efecto, cada vez son más las investigaciones que de manera rigurosa están sacando a la luz la parte más oscura, y durante tanto tiempo silenciada, de una dictadura que a lo largo de cuatro décadas dirigió los destinos de nuestro país.
La recuperación de lo que se ha venido a denominar "memoria histórica" permite no sólo efectuar un frío recuento de las víctimas de la justicia militar, sino también una aproximación a aspectos tan importantes como la estructura de la sociedad, la articulación de los poderes locales y las condiciones de vida de los vencidos, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior al fin de la contienda. El análisis de estas cuestiones lleva consigo la inevitable referencia a diversas formas de violencia, cuyo máximo exponente fue la ejecución de las miles de sentencias de muerte dictadas con total ausencia de garantías procesales contra quienes no pensaban igual que los vencedores. No hay que olvidar que las prácticas coercitivas y de castigo constituyeron uno de los fundamentos básicos del franquismo, que en un principio utilizó incluso el exterminio como medio para ejemplarizar a la población. Una realidad triste y dura que, sin embargo, forma parte de la historia del régimen de igual modo que el desarrollo económico de los 60.
Este mes se cumplen 33 años del fallecimiento de Franco y, desde entonces, se han perdido muchas oportunidades de dignificar a las víctimas del bando republicano. Sin duda, el momento más idóneo hubiera sido la Transición, pero la propia evolución del proceso estableció como objetivo prioritario la consolidación de la democracia, dejando en segundo plano otras aspiraciones de la oposición antifranquista. Tampoco los gobiernos sucesivos acometieron dicha tarea, posiblemente porque existían problemas mayores o bien porque no quisieron implicarse. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI se hace indispensable una condena unánime de la actividad opresora de la dictadura y una muestra inequívoca de que nuestro actual sistema la rechaza por completo. De esta forma se entiende la aparición de numerosas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por todo el país, que están impulsando iniciativas muy loables al respecto. En Almería existen varias, entre cuyas reivindicaciones figura la construcción de un monumento en el cementerio de la capital para recordar a los fusilados en el período posbélico, si bien todavía no han encontrado una respuesta favorable por parte de la administración municipal.
Sin embargo, pese a que nuestra convivencia está asentada en bases pacíficas, algunas instituciones siguen mostrándose esquivas a la hora de reconocer a tantas víctimas. Otras, en cambio, promueven sus particulares homenajes a los vecinos que sufrieron por defender la democracia. En este sentido, varios ayuntamientos de la provincia han iniciado proyectos de investigación para conocer los efectos de la represión franquista en sus respectivos pueblos. En cualquiera de los casos, los historiadores seguiremos trabajando para acercar a la sociedad a su pasado, aunque sea traumático. Sólo de este modo se podrá comprender mejor el presente y avanzar sin complejos hacia el futuro.
