Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla La Mancha.
Muchos nos preguntamos por el diagnóstico respecto a la oferta académica que el sistema universitario español ofrece a los potenciales usuarios de un servicio público de importancia vital para el desarrollo económico y social de nuestro país. Permítanme, al respecto, unas breves reflexiones.
Uno de los principales problemas estructurales del sistema universitario español es de planificación académica, es decir, de planteamiento y contenidos que conforman los grados. En la actualidad, y cada vez más al hilo de ofrecer titulaciones que “suenan bien” en función de las modas económicas y sociales, se está olvidando que el fin primordial de los grados es ofrecer una formación básica y generalista, de carácter instrumental y metodológico, para dotar a los alumnos de herramientas que permitan una aplicación transversal en su área de dedicación, actualizar sus conocimientos a lo largo de la vida y asegurar así su empleabilidad a largo plazo en un mundo incierto y cambiante. Gran parte de la oferta de nuevo cuño incorpora contenidos demasiado especializados, y rápidamente fungibles, para un primer ciclo universitario. La base instrumental con la que llegan los alumnos, y lo refleja el informe PISA, no está bien asentada y es lo primero que hay que hacer en el grado. Para especializarse ya existe el máster y aquí sí que cabría una oferta diferenciada y diferencial de las Universidades en función de las necesidades específicas de sectores económicos y sociales generales o territoriales, dada la mayor flexibilidad y capacidad de adecuación a las demandas sociales puntuales y coyunturales que puedan producirse.
No es comprensible ni deseable una excesiva especialización en titulos de grado cuando, además, se están proponiendo grados de 180 créditos con menciones, es decir, con especialización. Eso genera una gran desorientación entre padres y estudiantes a la hora de escoger la carrera universitaria pero también entre los empleadores porque no tienen claro el tipo de competencias y habilidades que subyacen en determinados titulos. Esto que no es un problema grave para las Universidades privadas, que pueden proponer y cerrar titulos en función de la demanda, sin una plantilla estable y contrastada en su formación académica y que se crea y se replantea “ad hoc” en función de las necesidades de apertura y cierre de títulos, sí lo es para la Pública donde las plantillas docentes se gestan en un período largo de formación, están consolidadas y vinculadas también a la investigación, actividad esta, prácticamente nula en la Universidades privadas. Resulta complicado impartir una docencia de calidad si detrás de ella no subyace una investigación novedosa y potente, que brilla por su ausencia en gran parte de las universidades privadas. Parte de estas instituciones, que proliferan especialmente en ciertas comunidades en algunos casos al calor de designios políticos interesados, se están convirtiendo en meras “academías de enseñanza” o en meros negocios lucrativos, sin el rigor y la fundamentación que una enseñanza superior de calidad y rentable socialmente, como servicio público, exige. No debemos olvidar que la enseñanza universitaria oficial es un servicio de provisión pública, habilitante para el ejercicio profesional, y que se puede producir de forma pública (por universidades públicas) o de forma privada (por universidades privadas).
Sería un error estratégico monumental que, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a las plantillas para hacer una oferta más flexible de titulaciones por parte de las Universidades públicas, se optase por un modelo de plantilla precaria, sin estabilidad laboral y sin capacidad de desarrollar una carrera exigente de docencia e investigación contrastada por los filtros de calidad establecidos.
Pero en el ámbito público también conviene hacer autocrítica. El hecho de que la oferta de titulaciones nuevas titulaciones haya coincidido con el recorte en la financiación de las universidades es otro punto que cuestiona la calidad de esas carreras lanzadas en un momento crítico. La razón básica que explica la carrera de las universidades públicas por ofrecer nuevos títulos sin replantearse el modelo de oferta es que el sistema actual de financiación general de las universidades da más recursos a los campus con más alumnos y más grados, pero también se acaban creando titulaciones de difícil justificación más allá de garantizar la supervivencia de algunas áreas o departamentos.
En todo caso, y como señala el Observatorio del Sistema Universitario en su reciente informe, la caída de los alumnos universitarios se explica por una demografía a la baja en la cohorte de población entre 18 y 24 años, pero también recuerda que la universidad, como servicio público que es, debe ofrecer títulos con poca demanda, por ejemplo Filología Clásica. Conseguir un equilibrio en la oferta académica universitaria que conjugue racionalidad, exigencia, rigor y servicio público es un reto pendiente que debería figurar en la agenda de los consensos de la partitocracia española.
