En este sentido, si algo puede caracterizar lo realizado por el gobierno español durante 20009 fue la intensificación del control de sus fronteras marítimas. Una política llevada a cabo con la colaboración creciente de los países africanos y el impulso en la externalización del control de las fronteras.
Según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos en su informe anterior, las vías para que los ciudadanos africanos accedan a la inmigración regular están “prácticamente taponadas”. “La política migratoria de la Unión Europea, plasmada en España en la reforma legislativa que se aprobó el pasado diciembre para la adquisición de la autorización de residencia y trabajo en nuestro país, sólo autoriza estos permisos en el caso de los profesionales altamente cualificados. Una muestra más de que Europa cierra sus ojos a la realidad de la inmigración africana y que sólo expresa una visión mercantilista y egoísta del fenómeno migratorio”, señalaba hoy Estefanía Acién, aludiendo a lo reflejado en este informe.
José Chamizo apuntaba, además, que lo que sí puede explicar con certeza el descenso de pateras el año pasado a nuestras costas (19.728 detenidos en 2009 frente a los más de 35.000 en 2008 en todo el territorio nacional) es la externalización del control de las fronteras y no tanto la crisis económica. Muchos africanos siguen intentando emigrar pero son detenidos antes de salir en barco o en las propias playas. “Tenemos una información muy parcial de lo que pasa en las costas norteafricanas y en las de África Occidental, pero no es arriesgado estimar que varios miles de personas han sido detenidas cuando intentaban emigrar hacia España”, afirmaba Chamizo que mostraba otra preocupación: la vinculación siempre peligrosa entre paro e inmigración.
“Tenemos que estar vigilantes de que no haya discursos en este sentido, relacionando la presencia de inmigrantes con el aumento del paro. Se sigue observando que los inmigrantes hacen el trabajo que los nacionales no quieren, como ha ocurrido este año por ejemplo en la fresa de Huelva”, decía.
El informe incluye un anexo con las víctimas de la inmigración clandestina en la frontera sur el año pasado. En aguas de Almería fallecieron en distintas travesías cinco inmigrantes, uno de ellos un menor de origen subsahariano.
