La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña de retirada de plásticos en terrenos y cauces fluviales de las principales zonas agrícolas de invernadero, localizadas en las provincias de Almería, Granada y Huelva. La acción, que desarrollan de forma conjunta las consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha contado con un exhaustivo y pormenorizado estudio previo para localizar los puntos con mayor concentración de restos acumulados, un material que se remite a empresas especializadas en el tratamiento de residuos plásticos.
Este inventario ha permitido establecer los medios materiales y humanos necesarios para acometer unos trabajos que corren a cargo de la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) y que el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, conocerá de primera mano la semana que viene durante una visita a Almería. Paralelamente, durante el mes de agosto se ha continuado trabajando en las tareas de limpieza del entorno del río Adra, donde ya se ha recogido una gran cantidad de restos.
Aunque la retirada de estos residuos no es competencia de la Administración andaluza, la Junta ha tomado la decisión de actuar para salvaguardar la salubridad e higiene en puntos en los que se han acumulando muchos de estos restos, aportando presupuesto propio a una acción que busca también concienciar de la necesidad de terminar con el abandono indiscriminado de plásticos de invernaderos. En este sentido, y una vez terminadas las tareas de limpieza, el objetivo es evitar que se repita este tipo de situaciones, para lo que desde la Junta se apela al compromiso de agricultores, administraciones locales y organizaciones de productores y agrarias.
Desde las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente se subraya que se actúa tanto por responsabilidad como para preservar la imagen del campo andaluz y del propio sector. El abandono indiscriminado de plásticos agrícolas, que se ha detectado en mayor o menor medida en puntos de Almería, Granada y Huelva (las provincias con más invernaderos), supone no sólo un importante problema medioambiental sino que va en contra de la imagen modélica del campo andaluz. Por ello, se insiste en que esta actuación extraordinaria debe ser posteriormente mantenida por los propios agricultores y los ayuntamientos, con vigilancia para evitar nuevos vertidos así como con sanciones a futuros infractores.
