La Ley Andaluza de Cambio Climático se convertirá en un eje de las políticas de la Administración autonómica, supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas ’emisiones difusas’, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen europeo del comercio de derechos de emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.
El proyecto, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate y aprobación definitiva, establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estas cuotas, denominadas “presupuestos de carbono”, serán revisables por el Ejecutivo andaluz en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de la normativa europea o estatal, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.
El texto prevé también la puesta en marcha del Plan andaluz de acción por el clima, que marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. El documento, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, contendrá los programas en estos ámbitos y en el de la comunicación, además de incluir el diagnóstico y las acciones que corresponda desarrollar a las distintas consejerías de Junta y a las administraciones locales, favoreciendo su sinergia con las del sector privado.
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los primeros, de aplicación a las administraciones públicas y el sector privado, se encuentra el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación.
El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor. Con carácter obligatorio, los establecimientos deberán disminuir sus emisiones según un plan de reducción basado en los valores de referencia establecidos.
Responsabilidad ambiental
En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge la habilitación del Registro de la huella de carbono de productos y servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado. En Europa los consumidores tienen como tercer criterio de compra el ambiental, por detrás de la calidad del producto y del precio. En este sentido, la medida favorecerá la responsabilidad ambiental de las empresas y su penetración en los mercados. Además, la inscripción en este registro se podrá incluir como parámetro de valoración de las ofertas en la contratación pública.
La nueva norma también contendrá instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados principalmente a proyectos forestales, dada la capacidad de los bosques para absorber el carbono. Por su parte, los municipios con más de 50.000 habitantes de población vinculada (beneficiaria de los servicios municipales) deberán elaborar programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a la planificación local.
Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán los Escenarios climáticos de Andalucía y el Inventario andaluz de emisiones de gases de efecto invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros, y la Red de observatorios de Cambio Climático de Andalucía para la integración del conocimiento científico generado en los centros de investigación andaluces.
Finalmente, para coordinar estas políticas en el ámbito de la Administración autonómica, se crea una estructura administrativa integrada por el Consejo de Gobierno, una comisión interdepartamental sobre la materia, la consejería competente y la Oficina andaluza de cambio climático.
Andalucía, referente nacional en la lucha contra el cambio climático, fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar las causas y efectos de este fenómeno. La Junta también ha sido la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios y proyecciones sobre la incidencia del cambio climático, que constituyen la base de las medidas de adaptación. Entre otras líneas de trabajo, se procederá a incorporar la consideración de los escenarios de clima futuro a la planificación hidrológica, agraria, turística, de prevención de incendios forestales y de lucha contra plagas y enfermedades, además de mantener activos los sistemas de alerta temprana de situaciones de riesgo para la salud, como las olas de calor.
Previsiones de temperaturas
De acuerdo con los últimos datos que maneja la Red de información ambiental de Andalucía (Rediam) sobre escenarios futuros de cambio climático, a partir del análisis de la evolución de los ecosistemas de las series históricas las estaciones meteorológicas, las temperaturas podrían subir en la comunidad entre 1,6 y 3,9 grados de media a finales del siglo XXI, mientras que las precipitaciones bajarían entre un 13,7% en el mejor de los supuestos y un 26% en el peor.
Las previsiones de Rediam apuntan a una acentuación del carácter mediterráneo del clima andaluz durante este siglo, con más meses secos y cálidos, mayor aridez y una simplificación de la diversidad. El número de ‘días de calor’ (con temperaturas de más de 35ºC) pasará de los 33 actuales a prácticamente el triple (94) a finales de siglo. Por su parte, la evaporación subirá entre un 9% y un 19,6%, dando lugar a un balance hídrico deficitario de entre el 41% y el 68%.
En cuanto a los últimos datos cerrados, entre 2007 y 2015 la temperatura media subió en Andalucía 1,1ºC y las precipitaciones se redujeron en un 30%, pese a que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 26% durante el mismo periodo. La consolidación de la tendencia global del cambio climático en la región se reflejó también en el carácter estructural que están adquiriendo fenómenos cíclicos y coyunturales del ámbito mediterráneo, sobre todo sequías o lluvias anómalas.
