AHORA que a causa de la recesión, del alto nivel de desempleo y elevado déficit público se propone retrasar la edad de jubilación a los 67 años de edad, es momento de hacer un alto y cuestionarnos: ¿avanzamos inexorablemente hacia una economía sostenible o acaso insostenible en el agotamiento de recursos? Algunas respuestas encontramos en el texto del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, cerrado a final del pasado año 2009.
La futura Ley contempla un amplio popurrí de cambios normativos y reformas estructurales con el desideratum expreso de dotar a los distintos agentes económicos y empresas de una regulación que les asegure un mejor posicionamiento competitivo para el momento del despegue de la recuperación en el marco de una economía cada vez más globalizada. Y para que se orienten hacia sectores con potencial de desarrollo y crecimiento a largo plazo (es decir, I+D+i), que generen empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Para ello se apunta a tres objetivos manifiestos: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta decidida por la sostenibilidad medioambiental.
A la primera diana se dispara con una reforma ambiciosa de los Organismos reguladores, reforzando su independencia y mejorando su gobernanza para garantizar la supervisión objetiva y neutral del entorno financiero, a salvo de ingerencias distorsionadoras. Así, se mejorará la publicidad de las remuneraciones del personal directivo de las Sociedades cotizadas en Bolsa y dará una mayor información de los seguros y fondos de pensiones. Se obligará a la Administración General del Estado a presentar en el plazo de 6 meses un plan de austeridad y calidad en el gasto público y a las Entidades Locales, el deber de informar cada 3 meses sobre el estado de pago a proveedores y suministradores. Asimismo se agilizará la contratación pública en plazos y procedimientos y para facilitar la contratación de PYMES, el porcentaje de subcontratación pasará del 30 % al 50 %.
Para impulsar la competitividad, se reducirán los plazos y el coste para crear empresas: por ejemplo, las Sociedades de Responsabilidad Limitada con un capital de entre 3000 y 3.100 Euros se podrán constituir un solo día con un coste aproximado de 100 Euros. Se ofrecerá la banda ancha universal con una velocidad mínima de un megabit por segundo con anterioridad al año 2011 para potenciar la sociedad de la información. Y como esperadísima medida para reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, se impone a éstas el pago de las facturas a los proveedores en un plazo máximo de 30 días, y a las grandes empresas a las PYMES como máximo en 60.
En aras de la consecución de la sostenibilidad medioambiental y reducción de la factura y dependencia energética exterior, se prestará especial atención al transporte de mercancías por ferrocarril acercando los productores a espacios logísticos, al uso del transporte público más económico y se impulsará decididamente el vehículo eléctrico, con una energía limpia que no genera CO2 ni calentamiento climático.
Por último, el Gobierno aspira a reactivar el sector de la construcción con una política de vivienda orientada a la rehabilitación y reforma de núcleos urbanos deteriorados y stock de inmuebles individuales antiguos mediante atractivos incentivos fiscales. Mientras que habrá una deducción en el IRPF del 10% de los gastos en obras de eficiencia energética, del uso del agua o de adaptación de las viviendas a personas con movilidad reducida, respecto a la deducción por la compra de la vivienda habitual se eliminará para las rentas con una base imponible superior a 24.100 Euros, manteniéndose para la base imponible inferior a 17.700 Euros y graduándose en los límites de estas dos horquillas.
