El consejero de Universidad, Investigación e Innovación andaluz, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado en Comisión Parlamentaria que la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) modernizará, fortalecerá y hará más eficiente el sistema de educación superior para contribuir al desarrollo y crecimiento de la comunidad. Según ha destacado en su intervención, este texto legal tendrá como principales objetivos proteger el sistema público universitario, incrementar los derechos del estudiantado, potenciar la internacionalización o estabilizar la carrera académica. De igual modo, pretende favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.
El anteproyecto de la LUPA, que cuenta con 137 artículos, 15 disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales, ya ha iniciado su tramitación tras la autorización dada por el Consejo de Gobierno en septiembre pasado, de forma que el próximo paso que dará será su exposición pública, periodo que se abre mañana, para que los agentes implicados puedan realizar aportaciones. El documento, que una vez aprobado sustituirá al actual marco legal que data de 2013, ha sido acordado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales. «Se trata de una Ley de máximos, una norma consensuada para que perdure en el tiempo», ha asegurado Gómez Villamandos, que ha añadido que «servirá a la comunidad de manera global y permitirá construir una educación más justa, moderna, reforzando la formación de calidad, el apoyo a los profesores e investigadores, con la mirada puesta en la innovación y con un claro compromiso de igualdad de oportunidades».
En materia de financiación, en la LUPA se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques: la básica armonizada, la afecta a resultados y la de nivelación.
En el capítulo de los derechos del estudiantado, la norma reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, lo que «refuerza el compromiso de Andalucía con el acceso igualitario a la educación superior», ha apuntado.
Otra de las novedades introducidas en esta esfera y que entronca con la promoción de la internacionalización hace referencia a que, en la región, se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica. Precisamente, en este apartado de la proyección internacional, se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero, tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. No obstante, ha aclarado que «esa condición será exigible a partir de octubre de 2029».
También se fija la creación de una estrategia que atenderá no sólo a los aspectos de movilidad, sino también a otras cuestiones relacionadas con la investigación y la captación del talento, y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como pieza clave de esa línea de trabajo.
Retención de talento y estabilización de la carrera académica
José Carlos Gómez Villamandos también ha centrado parte de su intervención en la retención del talento y la estabilización de la carrera académica del profesorado, indicando que el anteproyecto introduce una serie de medidas en esta dirección con el fin de que «las instituciones académicas se encuentren en el ámbito de la excelencia».
Entre ellas, se ha referido a la introducción de nuevas figuras profesionales, como es el caso del profesorado ayudante, que permite «garantizar una carrera profesional digna desde el inicio». A ello se suman los perfiles de contratado doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. «Estas categorías, junto a los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario», ha aseverado.
De igual modo, ha hecho alusión a la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento, mejorando así la competitividad de las universidades andaluzas, o se adscriba a cualquier otra Administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.
Gómez Villamandos también ha incidido en que la norma aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, «con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria», ha matizado. En política de personal, el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
Al margen de esto, el consejero también ha indicado que la Junta ha mejorado las condiciones retributivas del personal docente e investigador y del personal técnico de gestión y de administración y servicios, incluyendo por Ley el premio de jubilación o el establecimiento de los complementos autonómicos.
Condiciones para las universidades privadas
La ley universitaria incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público. Al respecto, Gómez Villamandos ha sido claro: «Andalucía no puede ni debe dejar pasar esta oportunidad para legislar en esta materia para exigir altos estándares de calidad y de control normativo».
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Asimismo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.
Por otro lado, la LUPA recoge que esas entidades garanticen la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral e impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.
Además, el consejero de Universidad ha remarcado que, en este proceso de creación de nuevas iniciativas, se establece «un doble control por parte de la agencia evaluadora, la ACCUA, para incrementar las garantías de todos los procedimientos».
Por último, Gómez Villamandos ha abordado que la futura norma legisla otros asuntos relevantes como la gobernanza, la rendición de cuentas o la transparencia para que, entre otras cuestiones, «las universidades públicas deban explicar su gestión ante el Parlamento con carácter bienal».
