La Junta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (UA) aprobó ayer por unanimidad, en su reunión ordinaria, la adhesión a la petición de declaración de reparación y reconocimiento que ha formulado la familia de Miguel Hernández como víctima de la Guerra Civil y del franquismo para el poeta.
Además de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, se han adherido a la petición de la familia del reconocido rapsoda distintas personalidades, entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana. La declaración pública de reparación y reconocimiento a Miguel Hernández, junto a otras personas de reconocida lucha por la democracia y la libertad, tendrá lugar el 31 de octubre en Madrid, en un acto organizado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En concreto, según el punto que se trató en la junta, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante manifiesta su “apoyo” a los descendientes de Miguel Hernández y a “diferentes personalidades del ámbito hernandiano en su petición”, basada en el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, para que la sentencia a muerte que recayó en el poeta oriolano “sea explícitamente anulada y se haga realidad la correspondiente declaración de reconocimiento y reparación personal de Miguel Hernández como víctima”.
El mismo escrito indica que “la petición se ajusta a la legalidad vigente y la previsible respuesta favorable sería una muestra de superación de un pasado donde la libertad de expresión fue duramente reprimida en un marco histórico de ausencia de libertades”.
Según explica Juan Antonio Ríos, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante y experto en los procesos judiciales de Miguel Hernández, “ahora no se pide la nulidad de una condena ya anulada de manera genérica por la ley”, como establece el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, “sino una declaración de reparación y reconocimiento personal por parte del organismo competente para el acto administrativo, dado que Miguel Hernández reúne las circunstancias establecidas para ser considerado como una víctima de la dictadura franquista”.
En el mismo sentido, el catedrático puntualiza que “como es lógico, esa declaración también supone reconocer de manera más o menos indirecta la nulidad de la condena, dado que el artículo 6 está ligado a los anteriores de la misma ley”, donde se declaran “ilegales o ilegítimos los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”, según el texto legal.
