El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado en Comisión Parlamentaria que el Plan de Inspección Universitaria de Andalucía para el año 2024, aprobado el pasado mes de junio, ya se encuentra en vigor y se orienta hacia los centros de enseñanzas universitarias que ofertan formación y expiden títulos conforme a sistemas educativos extranjeros. Según ha aclarado Gómez Villamandos, dichos centros “nunca hasta la fecha habían tenido un control de esta dimensión” con el que se pretende eliminar y corregir aquellas prácticas que pudieran ser constitutivas de infracción administrativa o sanción.
Precisamente, ha destacado que esta labor inspectora ha comenzado sobre el Centro Marbella International University, ya que cuenta con un requerimiento abierto. “Ya se ha establecido una primera toma de contacto”, ha remarcado, al tiempo que ha aclarado que los secretarios generales provinciales de las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, que son los encargados de llevar a cabo estas funciones, comenzarán este mes a recibir formación especializada.
En su intervención parlamentaria, el consejero ha subrayado que “con este plan se está dotando a Andalucía de una nueva herramienta, prevista en la Ley, que nos va a ofrecer más seguridad jurídica como sociedad al establecer un control exhaustivo por parte de la Administración en el ámbito de la inspección universitaria”. Este instrumento es el primero que se pone en marcha desde la Junta para llevar a cabo sobre el terreno labores de control y seguimiento de esta actividad.
Además, la orden que permite desarrollar dicho plan, así como la que habilita a los secretarios generales provinciales de las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación para desempeñar estas funciones de inspección dotan, por primera vez, a Andalucía tanto de un marco básico de actuación como de personal funcionario para velar por la legalidad y garantizar la calidad de la enseñanza de educación superior.
La labor inspectora es una actividad recogida y reconocida en la actual ley andaluza en materia universitaria, que data del año 2013, aunque no se había implementado hasta ahora. Según dicha legislación, la inspección universitaria debe encargarse de vigilar, con carácter general, de que se cumplan los requisitos, condiciones y compromisos estipulados para reconocer nuevos proyectos universitarios, para aprobar la creación de centros o su adscripción o para la impartición de enseñanzas, en especial de las que se rigen por sistemas educativos extranjeros.
De acuerdo con lo recogido en el Plan diseñado para este 2024, se ha previsto realizar una evaluación inicial que determine la posible existencia de este tipo de iniciativas. Tras este primer estudio, el personal encargado de la inspección realizará visitas in situ o requerimientos de documentación para comprobar que dichas entidades disponen de la autorización administrativa correspondiente y cumplen con las exigencias en cuanto a profesorado y personal docente, plan de estudios o emisión de títulos.
De igual modo, ha puntualizado que los inspectores deberán velar por que las enseñanzas universitarias están efectivamente implantadas en la institución académica extranjera que expide el título, que los planes de estudios se corresponden con los impartidos por la universidad matriz, que esas titulaciones disponen de la validez académica oficial o que han sido sometidos a procesos de evaluación o acreditación por autoridades competentes.
Complementos autonómicos a los docentes
En la misma comisión parlamentaria, Villamandos informó de que la Consejería de Universidad lanzará “de forma inminente” la primera convocatoria acogida al nuevo modelo de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) aprobado con rectores y sindicatos el pasado mes de junio.
Para el titular de Universidad, “con ese texto legal se pone fin a diez años de reclamaciones. Por fin se da respuesta a la ley que nos obligaba a regular esta situación por decreto y a la que los anteriores gobiernos hicieron caso omiso”. Según ha puesto de manifiesto, “este decreto asegura un proceso de solicitud más ágil, en el que la gestión y la acreditación será casi automáticas, supervisadas por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA)”.
Los complementos constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria que está vinculada a la actividad que desarrollan en el campo de la docencia, la I+D y la transferencia, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas. Además, dicha remuneración se distribuye en tramos y el número máximo que es posible acreditar son cinco, divididos entre docencia, investigación y gestión.
El nuevo modelo de complementos recoge una serie de modificaciones que mejoran y simplifican el hasta ahora aplicado. Entre los cambios más relevantes destacan el carácter anual que tendrán las convocatorias, que deberán activarse dentro del primer trimestre del año, o el incremento del importe de cada uno de los tramos retributivos, situándolo en 1.800 euros anuales por cada uno de ellos.
