El consejero de Universidad, Investigación e Innovación andaluz, José Carlos Gómez Villamandos, se ha ofrecido a informar de las reuniones que se celebren en el marco de la mesa de trabajo constituida para el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) a las comunidades vetadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, entre las que se encuentra Murcia.
Así se lo ha hecho saber al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de esta comunidad, Juan María Vázquez, con quien se ha reunido para analizar la financiación que conllevará la aplicación de este nuevo marco legal y para informarles de las políticas y actuaciones desplegadas por Andalucía en su sistema universitario.
Gómez Villamandos ha considerado “un desagravio inaceptable y un atropello democrático” la exclusión de dicha mesa de trabajo de, además de Murcia, La Rioja, Aragón y Castilla y León, asegurando que se trata de “una decisión que responde única y exclusivamente a cuestiones de carácter político y no a aspectos técnicos como se ha querido vender desde el Gobierno”.
“Tanto la regulación como la financiación del sistema público universitario constituyen una materia de especial trascendencia con implicación para todo el territorio nacional, por tanto, no es admisible vetar a esas cuatro comunidades, que tendrán que ver cómo las decisiones las toman otras por ellas”, ha subrayado para añadir que “esta forma de proceder muestra una falta de diálogo y consenso muy preocupante”.
En ese contexto, el consejero de Universidad ha lamentado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, utilice “un doble rasero” en sus argumentos según sea el asunto a tratar. Así, ha explicado que, cuando se trata de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), la ministra rechaza que sea común y única para todas las comunidades justificándose en la singularidad que caracteriza a cada una de ellas. Sin embargo, en la constitución de la mesa de trabajo de la LOSU “parece haberse olvidado de esas particularidades y de esas sensibilidades regionales que caracterizan al sistema universitario público nacional, que no es precisamente ni homogéneo ni uniforme”, según ha aclarado.
Por otro lado, Gómez Villamandos ha lamentado que, “en materia de universidades y de I+D+I, el Gobierno central no cuente con una ministra a tiempo completo capaz de prestar toda la atención que requiere el sistema de educación superior y de ciencia”. “Tras su candidatura para dirigir a los socialistas valencianos, Diana Morant tendrá que desdoblarse y mirar con un ojo las competencias de su cartera y con otro los intereses partidistas del PSOE valenciano”, ha denunciado. Por todo ello, el titular de Universidad ha reclamado “una estabilidad política para garantizar así también la estabilidad profesional que tanto se demanda para las plantillas de personal docente e investigador y de administración y servicios”, ha apostillado.
Aceptadas las reclamaciones de Andalucía
Por otro lado, Gómez Villamandos ha vuelto a celebrar que el Ministerio haya aceptado las reclamaciones que desde hace meses se vienen realizando desde el Ejecutivo andaluz sobre la ejecución de la legislación estatal de carácter universitario. Para el consejero, la decisión de Diana Morant de plantear un nuevo calendario y de crear este grupo de trabajo para evaluar el alcance financiero de las distintas medidas contenidas en la nueva legislación estatal “da la razón a quienes hemos advertido de la complejidad de su desarrollo y del elevado coste económico que entraña”.
Desde el Gobierno autonómico se ha venido reivindicando desde la fase de tramitación de la LOSU o bien una reforma integral de la norma, o bien un retraso en su implantación hasta evaluar convenientemente los gastos económicos implicados. En Andalucía, el desarrollo de todas las disposiciones incluidas en la LOSU conllevará un montante de 159,3 millones de euros adicionales para los presupuestos de las nueve universidades públicas andaluzas que imparten grados, según la estimación realizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Esa cuantía se eleva a más de 800 millones para el conjunto nacional.
Asimismo, el consejero ha mostrado su “inquietud y preocupación” por el acuerdo entre el PSOE y ERC alcanzado previamente a la investidura de Pedro Sánchez y que contempla la financiación extraordinaria de 150 millones para investigación. Gómez Villamandos ha reclamado al Ministerio que aclare si los Presupuestos Generales del Estado contarán con esos recursos adicionales también para el conjunto del país o si sólo se circunscribirán al ámbito catalán. Además, ha exigido que, en el caso de que se vaya a realizar una distribución regional, se cuantifique ya la cuantía correspondiente a Andalucía.
Otros asuntos abordados
De igual modo, Gómez Villamandos ha informado al consejero de Murcia de la aprobación de las diversas líneas puestas en marcha en el ámbito universitario, entre las que ha destacado la aprobación del nuevo modelo de financiación universitaria en la comunidad, con un presupuesto histórico de 1.685 millones; y del decreto de ordenación de enseñanzas, que supone la configuración de una nueva programación de titulaciones para los cuatro próximos años. También se ha referido al acuerdo alcanzado con sindicatos y rectores para lanzar una nueva convocatoria de complementos autonómicos dirigidos al Personal Docente e Investigador (PDI), que tendrá periodicidad anual.
En este encuentro de trabajo, el consejero andaluz ha explicado a Juan María Vázquez el convenio firmado con las universidades para asumir el coste de la cotización de la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas en la Administración autonómica y sus entes adscritos. En lo que respecta a la labor legislativa, el consejero de Murcia ha mostrado su interés por las dos leyes regionales, una universitaria y otra destinada a la I+D+I, en cuya elaboración está inmersa la Junta.
