El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado que el nuevo marco legislativo de carácter autonómico en materia de universidades paliará “el intervencionismo” de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en política de personal, dotará de mayor autonomía a las instituciones académicas y mejorará la eficiencia del sistema.
Así se lo ha trasladado a los rectores de las diez universidades públicas, con quienes se ha reunido en Cabra (Córdoba) para presentarles el documento de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). Una vez dado este paso, se inicia ahora un proceso de diálogo y negociación con toda la comunidad educativa que culminará en su posterior aprobación.
Gómez Villamandos ha explicado que “el nuevo texto legal nace con vocación de consenso y para perdurar en el tiempo, no como la LOSU, que recién puesta en marcha ya el Gobierno central se ha visto en la obligación de replantear su calendario de aplicación”. Según ha señalado, la futura norma regional “deberá proporcionar las herramientas apropiadas a las universidades para que, en el ámbito de su autonomía, puedan desplegar su función y sirvan al desarrollo económico y social de los andaluces”.
El nuevo documento normativo se adaptará necesariamente a la norma estatal aunque también “paliará, en el margen de actuación que disponen las comunidades, los efectos adversos generados por la normativa estatal”. Para el consejero, “la LUPA ofrecerá soluciones, en el ámbito de sus competencias, a las necesidades legislativas y estratégicas que demandan las universidades y a las que la LOSU no ha atendido, ya que se ha quedado corta para el potente sistema universitario andaluz, perjudicando su proyección futura”. Por eso, ha añadido, “ha sido necesario afrontar con valentía estos cambios”.
En ese contexto, ha recordado que Andalucía ha sido “la primera comunidad” que reaccionó a la aprobación de la ley estatal iniciando, en marzo de 2023, los trámites para modificar el texto vigente en la materia en la región y poder contar, además, con una norma actualizada, teniendo en cuenta que la anterior data de 2013.
El primer paso de esta reforma profunda de la actual legislación ya se dio en octubre de 2023 con la aprobación del decreto ley en el que se recuperaba de manera urgente la figura del profesor contratado doctor -eliminado por la LOSU- para garantizar la estabilidad del profesorado no funcionario y dotar de mayor seguridad jurídica a las instituciones académicas públicas en su contratación.
Por otro lado, el titular de Universidad ha remarcado que esta renovación regulatoria plantea una serie de medidas en el ámbito de la gobernanza y la estructura universitaria para “dotar de mayor agilidad a las instituciones académicas en la toma de decisiones y aumentar la eficacia y eficiencia en su gestión, actividad y prestación de servicio público, en un contexto de suficiencia de medios y de cooperación”.
Asimismo, pondrá el acento en la proyección internacional del sistema y en el fomento de la cultura, el deporte y el emprendimiento en los campus. “Con un marco normativo y un modelo de financiación adecuado como el que tenemos las universidades podrán desplegar todo su potencial para servir mejor a Andalucía”, ha añadido.
En el capítulo de personal, se apostará por una profesionalización de la gestión universitaria y por la mejora de la carrera académica. De igual modo, se ampliarán los derechos de los estudiantes y la planificación de las universidades para alcanzar una mejor gestión económica que permita inversiones y estrategias de investigación plurianuales.
En este contexto, la Consejería dará a conocer el texto de la nueva LUPA, además de a los rectores, a los representantes de estudiantes y a los sindicatos con mayor peso en la plantilla docente e investigadora y en el personal técnico de administración y servicios con la finalidad de recoger aquellas aportaciones encaminadas a enriquecer el documento.
Esta fase de reuniones sectoriales se llevará a cabo a partir del mes de febrero y, en paralelo, se dará comienzo a la tramitación del anteproyecto de ley para poder agilizar al máximo los plazos.
